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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- En México, siete de cada diez personas indígenas privadas de la libertad carecen de acceso a intérpretes, lo que limita su capacidad de comprender desde el motivo de su detención hasta sus derechos y el avance de su expediente judicial. Ante la ausencia de políticas institucionales y presupuestos suficientes para garantizar la interpretación en los procesos legales, la Red de Intérpretes y Promotores Culturales de Oaxaca trabaja para agilizar procedimientos y, en algunos casos, lograr la liberación de quienes se encuentran atrapados en un sistema que no entiende su lengua.
En el reclusorio de Tanivet, un grupo de abogados constató cómo estas barreras afectan de manera directa a los internos. Una mujer mixe de 87 años, por ejemplo, permanecía aislada de las gestiones legales simplemente porque no hablaba español. La Red logró encontrar un intérprete, pero este se negó a cubrir la audiencia debido a que el tribunal le adeudaba varias sesiones previas. Este caso refleja un problema más profundo: no existe una institución responsable de garantizar la interpretación legal, y los presupuestos para este servicio esencial son insuficientes.
Eduardo Martínez Gutiérrez, director de la Red y hablante de zapoteco originario de Santiago Matatlán, señaló que la combinación de barreras lingüísticas y desventajas económicas genera discriminación sistemática. “Una persona indígena y otra urbana, privadas de la libertad por el mismo delito, pueden tener un destino legal muy diferente simplemente por estas barreras”, afirmó.
No existe una institución responsable de garantizar la interpretación legal, y los presupuestos para este servicio esencial son insuficientes.
