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La búsqueda de justicia para la adolescente que murió tras la agresión por Azahara Aylin “N”, enfrenta un nuevo revés, pues la joven responsable de la muerte, promovió un amparo para evadir la reparación del daño ordenada por jueces
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Para la familia de Norma Lizbeth, cada trámite judicial es una herida que vuelve a abrirse. Lejos de significar avance, el proceso se ha convertido en una cadena de frustraciones que renuevan el dolor de aquel febrero de 2023, cuando la joven fue golpeada a las afueras de su escuela en Teotihuacán y, días después, perdió la vida. Hoy enfrentan un nuevo golpe: Azahara Aylin “N”, su agresora y excompañera, promovió un amparo para evitar el pago de la reparación del daño.
“Metieron un amparo, no quieren pagar. Ella asegura que ya nos dio dinero, que prácticamente nos mantiene, y eso es mentira. Eso es lo que más duele”, relata Alma Delia Ramos, hermana de Norma, con indignación y cansancio acumulado. La familia describe el proceso como un camino interminable de audiencias, trámites y resoluciones que, en lugar de ofrecer justicia, profundizan la sensación de abandono institucional.
El desgaste ha sido devastador. “Fueron dos años y cinco meses de audiencias, de revivir una y otra vez el dolor. Para mí no hubo justicia, porque esa persona ya está libre”, afirma Alma Delia. Su enojo conecta con el recuerdo de la polémica decisión judicial de septiembre de 2025, cuando el caso fue reclasificado como “riña” y no como homicidio, reduciendo la condena a dos años y tres meses, tiempo ya cumplido en internamiento, lo que permitió su liberación inmediata.
La familia acudió nuevamente a audiencia en el Centro de Internamiento “Quinta del Bosque”, en Zinacantepec, donde lo único constante ha sido la incertidumbre. Vecinos y ciudadanos que han seguido el caso expresan indignación y coinciden en que el sistema ha sido diligente para liberar, pero lento y tolerante para obligar a la responsable a cumplir plenamente con las consecuencias de su actuar.
El caso de Norma Lizbeth fue un llamado nacional contra la violencia escolar. Hoy, su historia adquiere otra dimensión: la lucha de una familia que, además de enfrentar la pérdida irreparable, debe enfrentar un sistema que parece convertir el acceso a justicia en un vía crucis. La pregunta persiste
