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Por Juan R. Hernández
Un hombre de 67 años perdió la vida y 12 personas resultaron lesionadas tras el sismo de magnitud 6.5 que sacudió a la Ciudad de México. Las cifras son frías, pero el mensaje es contundente: en esta ciudad el riesgo sísmico no es una hipótesis ni un recuerdo histórico, es una realidad permanente que, de vez en cuando, cobra factura humana.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reportó la caída de cinco postes y árboles, 18 fallas en el suministro eléctrico, la evaluación de dos estructuras con riesgo de colapso y la inspección preventiva de 34 edificios y cinco viviendas. La maquinaria institucional se activó de inmediato: protocolos en marcha, cuerpos de emergencia desplegados, monitoreo constante. En términos administrativos, todo funcionó; en términos humanos, no alcanzó.
La muerte del adulto mayor en la colonia Álamos no fue producto de un derrumbe ni de una falla estructural. Murió al caer por las escaleras mientras evacuaba. Murió intentando ponerse a salvo. Ese dato debería incomodarnos más que cualquier grieta: la protección civil no termina cuando suena la alerta ni empieza con el desalojo.
Sabemos evacuar, pero no siempre sabemos cómo hacerlo. Sabemos que existen puntos de reunión, pero no siempre son accesibles para personas mayores o con movilidad limitada. El protocolo está escrito; la cultura preventiva sigue siendo desigual.
Mientras los reportes oficiales hablaban de “daños menores”, en las colonias se vivía otra realidad: apagones en Iztapalapa, Tlalpan, Narvarte y Álamos; crisis nerviosas en Cuauhtémoc; transformadores que estallaron y vecinos refugiándose en plena calle. El miedo no se mide en boletines, se vive en segundos.
Cada sismo deja una lección. Esta vez no falló la infraestructura, falló la protección de lo más frágil: la vida humana. La ciudad resistió, sí, pero una familia quedó rota. Y mientras eso ocurra, ningún “saldo blanco” alcanzará para llamar a esto normalidad.
