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Mientras el Ayuntamiento de Huixquilucan presume más de 10 mil operativos y reducción delictiva, la inseguridad sigue siendo la realidad de la vida cotidiana
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Huixquilucan quiere narrarse como uno de los municipios más seguros del Estado de México y lo intenta con cifras: más de 10 mil 600 operativos en 2025, colaboración permanente con Guardia Nacional y SSEM, mil cámaras en operación, botones de auxilio y centros de mando que trabajan a toda hora. La alcaldesa Romina Contreras muestra estos números como evidencia de eficacia. Pero la realidad en las colonias de origen popular cuenta otra historia.
En Santiago Yancuitlalpan, San Fernando, El Mirador, San Jacinto y otras comunidades lejos del brillo de Interlomas y los fraccionamientos de lujo, la percepción es distinta. “Aquí los operativos pasan como desfile, pero el miedo no se va”, reclama un vecino que prefiere no dar su nombre. Relatan robos constantes, narcomenudeo, extorsiones silenciosas y la misma rutina de miedo al caer la noche. La tecnología, dicen, parece diseñada para zonas privilegiadas, no para los barrios donde el tejido social es más vulnerable.
El gobierno municipal insiste en su arsenal de herramientas digitales y vigilancia inteligente; sin embargo, críticos sostienen que la estrategia privilegia una seguridad de vitrina, más cercana a la lógica de vigilancia privada que a políticas de proximidad y prevención en territorio. La brecha es visible: un municipio con dos realidades, dos geografías y dos niveles de seguridad.
Este contraste no es solamente administrativo; es político. Huixquilucan es uno de los últimos grandes bastiones del PAN en la entidad, el escaparate del proyecto de Romina Contreras y Enrique Vargas. Pero si la seguridad no logra sentirse en las calles populares —no solo en los reportes oficiales—, la narrativa de éxito corre riesgo. El segundo año de esta segunda administración inicia con una pregunta incómoda para el poder local: ¿seguridad para estadísticas… o seguridad para la gente?
