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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El año 2026 podría traer algo más que nuevas autoridades en el Estado de México: podría traer nuevos territorios políticos. San Francisco Tlalcilalcalpan, comunidad con más de 40 mil habitantes, ha logrado que su demanda centenaria por recuperar la categoría de municipio independiente sea formalmente admitida en el Congreso local, colocando sobre la mesa un tema que trasciende lo administrativo y toca de lleno la redistribución del poder.
Desde 1892, cuando perdió su autonomía, la localidad quedó sujeta a la administración de Almoloya de Juárez. Hoy, sus habitantes aseguran que ese vínculo se convirtió en sinónimo de olvido: escasas obras públicas, atención mínima y decisiones tomadas lejos de sus necesidades reales. Esa percepción, acentuada por el acuerdo territorial que la partió entre Almoloya y Zinacantepec, detonó una nueva ofensiva política que ya no se limita a la protesta, sino que se encamina por la vía institucional.
El Congreso mexiquense radicó la petición dentro de un paquete que contempla la eventual creación de cuatro nuevos municipios. El siguiente momento clave será el 21 de enero, cuando líderes comunitarios expongan ante diputados los fundamentos de su exigencia. Si el proceso prospera, 2026 podría registrar un movimiento de piezas en el tablero estatal: Almoloya perdería territorio, recursos y representación, mientras Tlalcilalcalpan ganaría voz propia en la gestión pública.
Más allá del caso específico, el debate revela una tensión más amplia: comunidades que exigen cercanía gubernamental frente a estructuras municipales que, sostienen, ya no alcanzan para abarcar poblaciones en crecimiento. El mapa mexiquense, que parecía inamovible, amenaza con cambiar… y con él, la geometría del poder.
