59 lecturas
Por Juan R. Hernández
En el año que concluye, el Congreso de la Ciudad de México deja sobre la mesa un balance legislativo que merece una lectura más profunda que la simple enumeración de reformas. Los dictámenes aprobados por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia reflejan una apuesta clara: endurecer sanciones, actualizar marcos legales y enviar mensajes de disuasión frente a conductas que lastiman la convivencia social.
Uno de los cambios más visibles es la reforma al Código Penal para incrementar hasta en dos terceras partes la pena por acoso callejero, delito que durante años fue normalizado y minimizado. Pasar de la omisión al castigo más severo no sólo reconoce la gravedad de esta violencia cotidiana, sino que coloca al Estado como garante del derecho de las mujeres a transitar sin miedo.
En la misma lógica se inscriben las sanciones contra delitos ambientales. Castigar la invasión de zonas protegidas, el uso ilegal de suelo o el depósito clandestino de residuos de la construcción apunta a un problema estructural: la impunidad que ha permitido el deterioro urbano y ecológico de la capital. Aquí el reto no será la letra de la ley, sino su aplicación efectiva.
Particular atención merece el castigo a los llamados “montadeudas”, con penas de 10 a 15 años de prisión. La severidad de la sanción busca frenar prácticas de extorsión que han devastado patrimonios y vidas, aprovechándose de vacíos legales y del miedo. Algo similar ocurre con la tipificación del robo de vehículos no motorizados, que reconoce la bicicleta como patrimonio y como pieza clave de una movilidad más segura y limpia.
En el ámbito civil, el reconocimiento del pago retroactivo de alimentos desde el nacimiento fortalece un derecho imprescriptible y envía un mensaje de corresponsabilidad parental. A ello se suma la actualización de la Ley Orgánica de la Fiscalía capitalina, alineándola al mandato constitucional sin impacto presupuestal, un detalle nada menor en tiempos de restricciones financieras.
En conjunto, estas reformas dibujan un Congreso activo.