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Para finales de 2025, alrededor de 410 personas extranjeras, principalmente de Venezuela y Colombia, están privadas de libertad, lo que representa 1.5 % del total de reclusos en la capital
Fernando Ortiz
Ciudad de México.- La Ciudad de México enfrenta un aumento de personas extranjeras privadas de la libertad en sus reclusorios, en medio de tensiones migratorias y debates sobre derechos humanos y seguridad pública.
Existe un incremento sustancial en la población extranjera recluida en cárceles de la capital. Para finales de 2025, hay aproximadamente 410 personas de nacionalidad extranjera privadas de su libertad en reclusorios de la Ciudad de México, incluyendo 49 mujeres, lo que representa alrededor del 1.5 % del total de la población penitenciaria de la capital. Este número ha crecido de manera significativa en los últimos cuatro años, frente a cifras de 2022, cuando se reportaban menos de 300 extranjeros encarcelados.
Los reclusos extranjeros provienen principalmente de Venezuela y Colombia, países con altos flujos migratorios hacia México en los últimos años, aunque también hay internos de al menos 60 nacionalidades distintas, incluidos países de Europa, Asia y África.
La mayoría de estas personas se encuentran en reclusorios como el Reclusorio Varonil Oriente, Varonil Norte y Varonil Sur, cumpliendo condenas por delitos que van de robo y delitos contra la salud a homicidio o extorsión. El aumento en la población extranjera encarcelada no necesariamente refleja un incremento proporcional de criminalidad entre migrantes, sino también la presencia creciente de estas poblaciones en tránsito o asentadas en la capital.
Por otro lado, las cifras de detenciones de extranjeros por parte de las autoridades capitalinas también han crecido. Durante 2025, más de 430 extranjeros, principalmente colombianos y venezolanos, fueron detenidos por delitos de alto impacto, según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.
Es importante distinguir entre la detención de migrantes por razones administrativas de estancia irregular y su ingreso al sistema penitenciario por delitos. México no utiliza las cárceles penales para la mera irregularidad migratoria, sino estaciones migratorias administradas por el Instituto Nacional de Migración (INM); sin embargo, estas instalaciones han sido objeto de fuertes críticas por condiciones precarias y violaciones a derechos humanos.
También existe una necesidad de transparencia y protocolos que respeten los derechos de los migrantes privados de libertad, incluyendo registros públicos de detenciones y acceso a representación legal, tras reconocer omisiones legislativas en este ámbito.
La presencia de extranjeros en centros penitenciarios de la CDMX ha generado un debate sobre la seguridad pública, la migración y la justicia penal.
