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Miles de pequeños y medianos negocios viven bajo la amenaza constante de estos delincuentes, obligados a pagar “cuotas” ilegales o cerrar definitivamente
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La amenaza no siempre llega con violencia visible, a veces es una llamada breve, un mensaje insistente o una visita que no admite negativa.
Para miles de comerciantes de estado de México, ese primer contacto marca el inicio de una cuenta regresiva que suele terminar en el cierre del negocio. La extorsión se ha instalado como una rutina forzada en mercados, talleres, fondas y pequeños comercios, donde el miedo se administra con la misma regularidad que la mercancía.
“Te dicen que ya saben a qué hora abres, cuántos empleados tienes y dónde vive tu familia. Después de eso, ya no hay margen para decidir”, relata Martín, propietario de una miscelánea que bajó la cortina tras negarse a pagar cuotas semanales.
Su testimonio recabado por Diario Basta y Edomex Hoy es similar al de cientos de afectados que, por temor a represalias, prefieren el anonimato antes que la denuncia. El resultado es una economía local paralizada y empleos que desaparecen sin dejar rastro estadístico.
Las cifras oficiales hablan de miles de víctimas registradas por extorsión cada año, pero especialistas y organizaciones empresariales advierten que el problema real es mucho mayor. La mayoría de los casos no se denuncia. “No confías en la autoridad y tampoco puedes arriesgarte a que el agresor se entere”, explica Rosa, exempleada de un taller de carpintería que cerró tras meses de amenazas. “Un día llegamos y ya no había trabajo. El patrón se fue del estado”.
La extorsión no solo vacía negocios; impone un control territorial silencioso. Decide quién puede abrir un local, quién puede crecer y quién debe irse. En muchas regiones, emprender dejó de ser una aspiración para convertirse en un riesgo. Familias enteras migran sin hacer ruido, abandonando años de esfuerzo ante la certeza de que pagar no garantiza sobrevivir.
El impacto social es profundo. Cada comercio que cierra arrastra empleos perdidos, deudas impagables y comunidades debilitadas. Las víctimas coinciden en una exigencia común: que el Estado deje de ser un espectador. Reclaman coordinación real entre autoridades, investigaciones que rompan la cadena de impunidad y leyes que enfrenten el delito con la misma fuerza con la que hoy opera.
