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De Aguas Blancas a Ayotzinapa, pasando por Acteal, Tlatlaya y Nochixtlán, cinco tragedias ocurridas durante los gobiernos neoliberales siguen sin sentencia firme
ANA E. ROSETE
GRUPO CANTÓN
En México, las violaciones graves a los derechos humanos no solo comparten un rasgo: la ausencia de sentencias. Comparten algo más profundo y estructural: en todos los casos, el Estado fue responsable de investigar crímenes cometidos por sus propios agentes o bajo su responsabilidad, y en todos los casos fracasó. Desde mediados de los años noventa y a lo largo de los gobiernos identificados con el modelo neoliberal, la justicia quedó atrapada en un círculo de simulación institucional donde el poder público se investigó a sí mismo sin consecuencias penales reales.
Cinco casos emblemáticos —Aguas Blancas, Acteal, Ayotzinapa, Tlatlaya y Nochixtlán— ocurridos entre 1995 y 2016, bajo las presidencias de Ernesto Zedillo Ponce de León y Enrique Peña Nieto, muestran un patrón reiterado: ejecuciones, masacres o desapariciones cometidas por fuerzas del Estado o con su aquiescencia, seguidas de investigaciones fragmentadas, procesos fallidos y, finalmente, ninguna sentencia firme que establezca responsabilidades institucionales.
El 28 de junio de 1995, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, policías estatales de Guerrero emboscaron y ejecutaron a 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas. El caso provocó una crisis política que derivó en la renuncia del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, pero la justicia penal nunca alcanzó a los responsables políticos ni a los mandos operativos.
Dos años después, el 22 de diciembre de 1997, también bajo la presidencia de Zedillo, ocurrió la masacre de Acteal, en Chiapas, donde 45 personas indígenas tzotziles —en su mayoría mujeres y niños— fueron asesinadas por un grupo paramilitar. Aunque hubo detenidos y condenas iniciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de los acusados por violaciones al debido proceso, sin que se reconstruyera una investigación sólida ni se procesara a autores intelectuales o a funcionarios responsables por omisión.
Casi dos décadas más tarde, ya bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, el patrón se repitió. El 30 de junio de 2014, en Tlatlaya, Estado de México, soldados del Ejército asesinaron a 22 personas. El caso fue presentado inicialmente como un enfrentamiento, pero investigaciones posteriores confirmaron ejecuciones extrajudiciales. A pesar de la evidencia, los militares procesados fueron liberados y no existe una sola sentencia firme contra responsables directos ni contra mandos superiores.
Ese mismo año, el 26 de septiembre de 2014, ocurrió la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, también durante la presidencia de Peña Nieto. A más de una década de los hechos, no hay una sola sentencia firme por desaparición forzada. El caso ha sido reabierto, reconfigurado y reconocido oficialmente como un crimen de Estado, pero las investigaciones han sido fragmentadas y contradictorias.
En junio de 2016, todavía bajo el mismo gobierno federal, fuerzas policiacas federales y estatales reprimieron una protesta magisterial en Nochixtlán, Oaxaca, dejando al menos ocho personas muertas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó el uso excesivo de la fuerza y graves violaciones a derechos humanos. Sin embargo, no hay sentencias por homicidio ni por responsabilidad institucional.
En todos estos casos, el común denominador no es la falta de pruebas, sino el diseño institucional que obliga al Estado a investigarse a sí mismo. Policías investigando policías, fiscalías dependientes del poder político revisando crímenes cometidos por ese mismo poder, y tribunales que terminan corrigiendo procesos mal integrados sin que se reconstruyan investigaciones efectivas. El resultado es una justicia circular que nunca avanza hacia la sanción.
Durante los sexenios de Vicente Fox (2000–2006) y Felipe Calderón (2006–2012) no hubo masacres “fundacionales” como Acteal o Ayotzinapa, pero sí hubo violaciones graves a derechos humanos de gran magnitud que permanecen sin sentencia.
La diferencia no es la gravedad, sino el tipo de violencia y la forma de impunidad.
