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Siete exgobernadores priístas enfrentan juicios por lavado de dinero, desvío de recursos, falsificación documental y vínculos con el crimen organizado, en un repunte judicial que remueve expedientes que parecían extintos
Ana E. Rosete
Del Atlántico al Pacífico, de Chihuahua a Veracruz, exgobernadores vinculados al PRI protagonizan procesos penales con cifras multimillonarias: desde desvíos superiores a 96 millones de pesos hasta acusaciones por lavado de dinero de más de 156 millones, pasando por sentencias y extradiciones internacionales.
El caso más reciente es el del exgobernador de Chihuahua César Duarte que fue detenido el 8 de diciembre de 2025 por orden de la Fiscalía General de la República (FGR) bajo acusaciones de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras años de procesos fragmentados. La Fiscalía le atribuye el presunto desvío de 96.6 millones de pesos durante su mandato (2010–2016) y la utilización de ocho transferencias bancarias hacia empresas que él controlaba, además de vincularlo con esquemas que beneficiaron a su círculo financiero. Duarte, extraditado desde Estados Unidos en 2022 por peculado y asociación delictuosa, fue trasladado al penal federal de El Altiplano en el Estado de México, donde enfrentará estas nuevas imputaciones con al menos 120 datos de prueba presentados por la FGR.
En tanto, Fiscalía de Nayarit confirmó la localización del exgobernador Ney González, prófugo desde 2022 y señalado por una amplia red de delitos que dejaron un quebranto millonario al estado. Autoridades detallaron que el exmandatario se encuentra en un país de América del Norte, donde avanza el proceso para solicitar su extradición a México, a fin de que enfrente acusaciones que incluyen administración fraudulenta, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, enriquecimiento ilícito, fraude por simulación de actos jurídicos y falsificación de documentos. Las investigaciones apuntan a que González habría operado un presunto megafraude en el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) mediante la venta irregular de millones de metros cuadrados de terrenos turísticos a precios subvaluados, configurando uno de los casos de posible corrupción más grandes en la historia reciente de Nayarit.
El exgobernador de Veracruz Javier Duarte, recluido desde 2017 con una sentencia de nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa, vio en 2025 activarse nuevos frentes judiciales en su contra. La FGR abrió una causa por el presunto desvío de alrededor de 10 millones de pesos originalmente destinados al sector salud durante su administración (2010–2016), como parte de una ofensiva para impedir su libertad anticipada prevista para 2026 tras haber cumplido más del 70% de su condena.
Mientras que el exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval fue sentenciado en septiembre de 2025 a siete años de prisión por el delito de falsificación de documentos, al apropiarse ilegalmente de un terreno de 58 hectáreas en San Blas mediante documentos apócrifos registrados durante su mandato (2011–2017). Además, la Fiscalía General de la República (FGR) lo vinculó a proceso por un segundo cargo de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos (aproximadamente 8.5 millones de dólares), tras una audiencia que duró casi 48 horas. Sandoval permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 “El Rincón” en Tepic, donde también enfrenta otros procesos por enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones y delitos electorales.
Otro caso es el del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington fue deportado en 2025 a México tras cumplir una sentencia de 108 meses (9 años) en una prisión federal en Illinois, Estados Unidos, por conspiración para cometer lavado de dinero relacionado con sobornos y pagos ilícitos durante su administración (1999–2005). Yarrington, que fue detenido en Italia en 2017 con una identidad falsa, se declaró culpable en una corte federal estadounidense en 2021 de aceptar pagos millonarios para facilitar contratos estatales y permitir operaciones de grupos delictivos, y ahora enfrenta causas pendientes en México por organización criminal y transacciones con recursos ilícitos.
Mientras que el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva sigue siendo uno de los casos más antiguos y emblemáticos de nexos entre política y crimen: fue condenado en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero del narcotráfico en una red vinculada a cárteles que operaban en el Caribe y el sureste mexicano. Aunque su proceso se remonta a décadas atrás, su caso permanece como un antecedente fundamental en la persecución de funcionarios implicados en sobornos y lavado de activos por rutas internacionales.
En tanto el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira, que también fue presidente nacional del PRI, no ha sido condenado en México por delitos fiscales vinculados a su gestión (2005–2011), pero continúa bajo investigación por uso de cuentas bancarias y empresas para presunto blanqueo de cerca de 3 mil millones de pesos, según reportes internacionales. En enero de 2025 fue detenido brevemente en Madrid (España) en relación con estas averiguaciones, aunque quedó en libertad pocos días después; su caso señala la tensión entre el endeudamiento estatal que cuadruplicó las obligaciones públicas en Coahuila y las redes financieras que lo rodearon.
El resultado, para el 2025, es un panorama donde el pasado político del PRI sigue siendo materia pendiente ante jueces y fiscales, y donde los números —millones y miles de millones de pesos— cuentan historias de saqueo y poder.
