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Operativos permitieron el aseguramiento de más de cinco mil litros de combustible robado en al menos tres predios del municipio; se exhibe la fragilidad del gobierno de Teresita Sánchez Bárcena
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El municipio de Polotitlán se consolida como un punto sensible en el mapa del robo de hidrocarburos en el norte del Estado de México. En días recientes, autoridades federales ejecutaron cateos simultáneos en al menos tres inmuebles del municipio, donde aseguraron más de cinco mil litros de combustible de procedencia ilícita, así como contenedores, tambos, mangueras, bombas de succión y un tractocamión con semirremolque, evidencia de una operación clandestina de gran escala.
La intervención, autorizada por un juez federal y encabezada por instancias ministeriales, permitió desmantelar parte de la infraestructura utilizada para el almacenamiento y traslado del combustible robado. Sin embargo, pese a la magnitud del hallazgo, el operativo concluyó sin personas detenidas, un hecho que refuerza la percepción de impunidad y debilidad en el control territorial.
El caso deja al descubierto las deficiencias del gobierno municipal encabezado por Teresita Sánchez Bárcena, cuya administración, iniciada en el periodo 2025-2027, no ha logrado establecer mecanismos eficaces de colaboración con autoridades estatales y federales para reducir la incidencia de este delito.
La falta de inteligencia preventiva, vigilancia y reacción oportuna ha permitido que estas actividades ilegales operen sin obstáculos visibles dentro del territorio municipal.
Más allá del impacto criminal, el huachicol representa un riesgo latente para la población. Vecinos de las zonas cercanas a los predios cateados advierten sobre el peligro que implica el manejo irregular de combustibles altamente inflamables.
“Aquí puede pasar una desgracia en cualquier momento; una chispa basta”, relató un habitante que pidió el anonimato ante el temor de represalias.
Especialistas en seguridad señalan que la ausencia de resultados locales convierte al municipio en un terreno fértil para organizaciones dedicadas al robo de hidrocarburos, que aprovechan la falta de supervisión y la débil respuesta institucional. En este contexto, Polotitlán aparece no solo como un punto de paso, sino como un espacio de resguardo para actividades ilícitas.
La presión social comienza a escalar. Familias y comerciantes exigen a la autoridad municipal asumir su responsabilidad y actuar con firmeza antes de que el problema derive en una tragedia humana o ambiental.
