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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La inconformidad por los aguinaldos reducidos en el Ayuntamiento de Toluca, no estalló por una retención fiscal, sino por la incapacidad del gobierno municipal para explicar con claridad y transparencia una decisión que impactó directamente el ingreso de miles de familias.
La administración encabezada por Ricardo Moreno terminó atrapada en una crisis política provocada por su propio silencio.
Durante varios días, policías y trabajadores municipales expusieron en redes sociales recibos con montos considerablemente menores a los esperados. Algunos elementos de seguridad señalaron que su aguinaldo fue incluso inferior a la mitad del recibido el año anterior. Ante el creciente malestar, el gobierno municipal guardó silencio, permitiendo que la incertidumbre y el enojo se multiplicaran.
Solo cuando la presión fue insostenible, el alcalde difundió un comunicado en el que atribuyó los descuentos al ajuste anual del Impuesto sobre la Renta.
De acuerdo con la versión oficial, 4,790 empleados tuvieron retenciones y 1,530 deberán presentar declaración ante el SAT. Sin embargo, la explicación técnica llegó tarde y sin contexto, lo que agravó la percepción de opacidad.
Para los trabajadores, el problema no fue el fundamento legal, sino la falta de información previa y de diálogo. “Si nos lo hubieran explicado antes, no estaríamos así”, coinciden testimonios difundidos entre elementos policiales, quienes ahora convocan a manifestaciones para exigir una mesa de diálogo.
El episodio dejó al descubierto una administración desconectada de su base laboral, sin estrategia de comunicación interna y sin sensibilidad política.
En Toluca, un trámite fiscal terminó convertido en conflicto social por una falla elemental de gobierno: informar a tiempo y con claridad.
