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Aunque hay programas como el PESCER de la UACM, la cobertura educativa en las cárceles capitalinas continúa siendo limitada
FERNANDO ORTIZ
GRUP CANTÓN
Ciudad de México.- Aunque la educación dentro de los centros penitenciarios se reconoce como un derecho humano y una herramienta clave para la reinserción social de personas privadas de la libertad, su implementación enfrenta retos persistentes que dificultan su alcance efectivo y su impacto estructural en la Ciudad de México.
Programas educativos en prisiones de la capital han promovido la alfabetización, la educación básica, media superior y superior, así como cursos extraescolares y formación técnica, con el fin de ofrecer oportunidades de aprendizaje a quienes están recluidos.
Uno de los esfuerzos más visibles es el Programa de Educación Superior para los Centros de Reinserción Social (PESCER), impulsado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) junto con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). En 2025, este programa celebró su 20 aniversario y ha matriculado a más de mil 400 estudiantes en distintas carreras, incluyendo la reciente entrega de títulos universitarios a personas privadas de la libertad.
A pesar de estos avances, el acceso real a la educación dentro de las cárceles sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades de toda la población penitenciaria, especialmente en una situación de sobrepoblación que persiste en muchos reclusorios y que complica la implementación de programas educativos integrales. Estudios y análisis señalan que una proporción significativa de personas encarceladas no ha terminado la educación básica antes de ingresar a prisión, lo que agrava la brecha educativa y limita aún más las posibilidades de reinserción.
Aunque en años recientes se han entregado centenares de certificados de educación básica a personas privadas de la libertad en diversos reclusorios de la Ciudad de México —desde primaria y secundaria hasta acciones coordinadas con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)—, estas cifras aún representan una fracción de la población total privada de la libertad en la capital.
