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Familiares de las víctimas rechazan la versión oficial y aseguran que los fallecidos eran trabajadores del campo desarmados que vivían en la zona
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El jueves, el silencio del bosque de la comunidad de Los Tejocotes se rompió con disparos y gritos. Lo que inició, presuntamente, como un operativo contra la tala ilegal terminó en tragedia y dejó a dos familias del municipio de Xalatlaco sumidas en el luto.
Durante la jornada del viernes se confirmó que el saldo de los hechos de violencia aumentó a dos personas fallecidas. Aldo Pliego y otro trabajador local murieron durante el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y pobladores, un hecho que hoy es severamente cuestionado por la comunidad, que acusa abuso de autoridad y criminalización de la pobreza.
“Mi esposo salió temprano para trabajar. Nunca regresó”, relata la esposa de una de las víctimas, con la voz quebrada. Asegura que él no portaba armas y que su única intención era recolectar leña para vender y llevar alimento a casa. Versiones similares se repiten entre vecinos, quienes describen a los fallecidos como campesinos conocidos en la zona, hombres de trabajo diario y sin antecedentes delictivos.
De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, la tensión se desató cuando elementos federales y policías municipales ingresaron al área boscosa. La confusión creció con la llegada de refuerzos y, en medio del forcejeo, se escucharon detonaciones. El caos se extendió al poblado: decenas de habitantes, enfurecidos por las muertes, desarmaron a varios agentes y retuvieron patrullas, en un acto desesperado que dejó también a policías heridos.
Para las familias, el trasfondo del conflicto es más profundo. “Aquí no hay empleo. El bosque es lo único que nos queda”, reclama un vecino. Señalan que, aunque existe tala ilegal organizada, también hay jornaleros que sobreviven de trabajos precarios y son tratados como criminales sin distinción.
Mientras un cerco de seguridad mantiene vigilada la zona, las viudas y madres exigen respuestas claras. Piden peritajes independientes, transparencia y castigo si se confirma el uso excesivo de la fuerza.
