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Operativos conjuntos de SEDEMA, SSC, PROFEPA y Guardia Nacional buscan frenar esta acción en áreas protegidas
FERNANDO ORTIZ
GRUO CANTÓN
Ciudad de México.- La tala clandestina es una preocupación ambiental en diversas áreas naturales protegidas y suelos de conservación de la capital, a pesar de recientes operativos de las autoridades para frenar este delito y proteger ecosistemas clave.
En este contexto, en la alcaldía han sido talados cientos de árboles, incluyendo especies protegidas, con 619 ejemplares reportados en incidentes vinculados a construcción en mayo de 2025.
Desde septiembre de este año, la alcaldía de Cuajimalpa ha intensificado la vigilancia con la creación de una policía guardabosques —la primera de este tipo en la ciudad— para combatir invasiones y tala ilegal dentro de sus reservas ecológicas, que representan más de la mitad del territorio de esa demarcación.
Las autoridades han reforzado la coordinación entre instancias ambientales, de seguridad y justicia para interceptar y sancionar a quienes realizan actividades de tala sin permisos. En marzo de 2025, un operativo conjunto de SEDEMA, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), PROFEPA y la Defensa Nacional detuvo a una persona que transportaba 17 metros cúbicos de madera sin documentación legal en un filtro de vigilancia instalado sobre la carretera México‑Cuernavaca, una ruta clave para el traslado ilegal de material maderable.
Además, como parte de la Estrategia Integral y Sistémica para combatir la tala clandestina y proteger el Bosque de Agua, se llevaron a cabo 14 recorridos de vigilancia a principios de 2025, asegurando vehículos y clausurando centros de almacenamiento ilegal de madera, como parte de los esfuerzos interinstitucionales que incluyen a la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.
A nivel legislativo, el Congreso de la Ciudad de México ha impulsado reformas para imponer penas más severas por ecocidio y delitos ambientales, incluyendo la tala clandestina en áreas naturales protegidas, suelo de conservación o barrancas. Las sanciones contemplan de seis a 20 años de prisión y multas elevadas para quienes derriben, destruyan o comercien madera ilegalmente.
