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A pesar de jornadas gratuitas y programas piloto, los sistemas de salud siguen dejándolas vulnerables a emergencias médicas y enfermedades prevenibles
Fernando Ortiz
Ciudad de México.- La carencia de atención médica especializada para personas que ejercen el trabajo sexual persiste como un problema de salud pública en México, exacerbando situaciones de riesgo, discriminación y mortalidad prevenible entre este colectivo.
La exclusión de sistemas de salud formales y la discriminación institucional han resultado en falta de atención oportuna ante emergencias médicas y negación de servicios básicos, lo que ha tenido consecuencias fatales en los últimos meses.
Según la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C., al menos tres mujeres trabajadoras sexuales fallecieron recientemente debido a negligencia o retrasos en la atención médica, en algunos casos incluso después de negarse la atención en hospitales públicos o por ausencia de traslados oportunos.
La organización documentó que la estigmatización dentro de los servicios de salud públicos, combinada con obstáculos burocráticos, trato hostil y discursos discriminatorios, impide que este grupo acceda a intervenciones médicas básicas, desde atención de urgencias hasta diagnóstico y tratamiento de enfermedades que podrían tratarse con protocolos adecuados. Esta exclusión estructural se traduce en una forma más de violencia institucional para mujeres que ya enfrentan múltiples barreras para su bienestar.
La falta de políticas públicas claras y protocolos de atención sanitaria para personas trabajadoras sexuales también hace que la atención especializada —como el manejo integral de infecciones de transmisión sexual (ITS), salud reproductiva, acompañamiento psicosocial y acceso continuo a medicamentos— sea insuficiente o inexistente en muchas regiones del país. Esta brecha no solo pone en riesgo la salud física de quienes ejercen el trabajo sexual, sino que también profundiza la exclusión social y económica que padecen.
Organizaciones como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) han señalado en encuestas recientes que un 64.1 % de personas trabajadoras sexuales en la capital reportan haber sufrido algún tipo de discriminación o violencia en el ejercicio de su actividad, lo que se refleja también en el acceso desigual a servicios de salud integrales.
En respuesta, algunas autoridades han impulsado acciones puntuales. En la Ciudad de México, la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa) ha organizado jornadas de salud gratuita para trabajadoras y trabajadores sexuales, que incluyen pruebas de VIH, sífilis y hepatitis C, consejería de salud mental y distribución de insumos de protección, aunque estos esfuerzos aún son limitados frente a la magnitud del problema.
En otras entidades, como Puebla, se anunció recientemente que alrededor de 2 mil trabajadoras sexuales accederán a servicios médicos a través del programa federal IMSS‑Bienestar, tras décadas de solicitudes para atención gratuita y sin discriminación, lo que representa un avance en la inclusión de este grupo en el sistema de salud pública.
Se requiere un marco legal nacional que reconozca el trabajo sexual como una actividad legítima y garantice derechos sociales plenos incluido el acceso universal a atención médica especializada sin estigma ni discriminación, como parte de una política pública integral de salud y derechos humanos.
