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Los escándalos exhiben la fragilidad del partido frente a sus propias promesas de ética pública; el conservadurismo no es sinónimo de rectitud
Ana E. Rosete
Ciudad de México.— A lo largo de los últimos años, el Partido Acción Nacional ha enfrentado una serie de expedientes incómodos que han puesto en entredicho su bandera histórica: la lucha contra la corrupción. Desde ex gobernadores fugitivos hasta liderazgos locales destituidos por desviar recursos partidistas, los casos han dejado cicatrices profundas en la estructura panista y tensado su narrativa de “orden y transparencia”.
El caso más emblemático —y políticamente explosivo— es el de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, quien enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero, extorsión y tráfico de hidrocarburos, promovidas por legisladores de Morena ante la Fiscalía General de la República. Fuera del país y protegido por amparos que han frenado órdenes de aprehensión, Cabeza de Vaca se ha convertido en un símbolo de la disputa entre el PAN y el gobierno federal, con discursos cruzados de persecución política y llamados de la oposición para concretar su extradición.
En Chihuahua, la figura de María Eugenia “Maru” Campos Galván también ha sido objeto de polémica. La panista fue acusada de recibir más de 10.3 millones de pesos en sobornos del ex gobernador priista César Duarte durante su etapa como legisladora. Vinculada a proceso por cohecho, debió entregar su pasaporte, pagar una fianza y enfrentar señalamientos adicionales por presuntas irregularidades y contratos simulados desde su paso por la alcaldía de la capital.
Otro episodio que cimbró a la militancia ocurrió en Chiapas, donde Janette Ovando, entonces dirigente estatal del PAN, fue destituida por presunto desvío de más de 11 millones de pesos del partido hacia una iglesia en Estados Unidos y por colocar a su círculo cercano en puestos estratégicos sin méritos comprobables.
A nivel federal, el golpe mediático llegó con el escándalo de “Los Dipu-tables”, en 2014. Un video filtrado mostró a los legisladores Máximo Othón Zayas y Jorge Villalobos Seañez —entre otros panistas— en una fiesta con bailarinas exóticas en un complejo de lujo en Jalisco. Aunque no derivó en procedimientos judiciales, el episodio provocó indignación nacional, tensó al grupo parlamentario y le costó a Villalobos su cargo de coordinación adjunta en la Cámara de Diputados.
La lista de casos históricos incluye el del ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, uno de los primeros mandatarios panistas golpeados por acusaciones de corrupción. En 2004 se le dictó auto de formal prisión por presunto peculado y uso indebido del servicio público, debido a una compra irregular de equipo médico.
También se puede hablar de Jorge Romero, presidente nacional del PAN y exdelegado en la alcaldía Benito Juárez (CDMX), ha sido señalado repetidamente por presuntas redes de corrupción inmobiliaria.
Además del ahora senador, Ricardo Anaya, quien en el 2018 se le abrió una investigación federal porque se le vinculó con la compra de una nave industrial en Querétaro mediante un esquema que autoridades señalaban como sospechoso de lavado de dinero y triangulación de recursos. El caso llevó incluso a cateos y declaraciones ante la Fiscalía (PGR, entonces) en 2017-2018.
Finalmente, investigaciones derivadas de la trama Odebrecht y las declaraciones de Emilio Lozoya abrieron otro flanco: el señalamiento de diversos panistas por presuntos recursos ilícitos para campañas o sobornos legislativos. Aunque muchas de estas menciones no han derivado en procesos judicializados, han servido para alimentar la confrontación política y cuestionar la integridad interna del partido.
En conjunto, estos episodios muestran un patrón: la contradicción entre la imagen institucional del PAN y la conducta de algunos de sus principales cuadros. Un recordatorio de que, en México, ningún partido escapa a sus propios fantasmas.
