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El edil, Diego Rivera Navarro, presuntamente exigió 60 millones de pesos para evitar la clausura de una planta
Redacción
Ciudad de México.- La empresa tequilera Cuervo presentó una denuncia penal por presunta extorsión contra el alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, así como contra otros servidores públicos del ayuntamiento, luego de que autoridades municipales exigieran el pago de 60 millones de pesos para evitar la clausura de una de sus plantas. El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, confirmó la existencia de la querella y detalló que el señalamiento principal apunta a cobros que la compañía consideró injustificados.
De acuerdo con el fiscal, la empresa acusó que funcionarios municipales les reclamaron montos elevados por concepto de impuesto predial y diversos permisos de operación y construcción, aun cuando la compañía había iniciado los trámites correspondientes para obtenerlos.
“Denuncian un cobro excesivo del predial, de los permisos que aparentemente no tenían. Sin embargo refieren que estuvieron haciendo las gestiones necesarias para obtener esos permisos y curiosamente no los han podido obtener. Eso es parte de lo que señalan contra los funcionarios del ayuntamiento”, explicó el funcionario durante una conferencia de prensa.
El conflicto se agudizó cuando personal de Inspección y Vigilancia del municipio intentó clausurar la planta Cuervo 1800, una de las más representativas de la industria tequilera. Finalmente, tras negociaciones entre la empresa y el alcalde, se alcanzó un acuerdo para que el pago de licencias, permisos e impuesto predial fuera de aproximadamente 17 millones de pesos, una cifra considerablemente menor a la inicialmente exigida.
La clausura no se concretó debido a la intervención del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien ordenó la presencia de policías y bomberos al advertir que el apagado abrupto de las calderas podría provocar un accidente grave. El mandatario también señaló que la empresa tenía pleno derecho de presentar una denuncia si consideraba que había sido víctima de un acto de extorsión, lo que ocurrió poco después.
Aunque el gobernador afirmó tener conocimiento de otras inconformidades similares por parte de distintas casas tequileras, el fiscal estatal aclaró que, hasta el momento, solo existe la denuncia presentada por Cuervo. “Desconozco si en su momento hay otra u otras denuncias que posiblemente las hayan presentado en la Fiscalía Anticorrupción, hay que recordar que también ellos pueden tener competencia al respecto”, puntualizó.
González de los Santos indicó que la investigación sigue abierta y que una de las principales líneas apunta a la retención de permisos municipales como mecanismo de presión para exigir el pago de los 60 millones de pesos.
