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La apertura comercial sin protección, la reducción de subsidios y el debilitamiento de programas rurales generaron una crisis profunda que golpea directamente la economía campesina nacional.
JUAN R. HERNÁNDEZ
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- Durante el periodo de alternancia política en México, iniciado en el año 2000 con la llegada de Vicente Fox y continuado por Felipe Calderón, ambos emanados del PAN, y posteriormente por Enrique Peña Nieto, el campo mexicano atravesó una de sus etapas más críticas. La reducción de subsidios, el debilitamiento de programas de apoyo rural y la apertura comercial sin mecanismos de protección para los pequeños productores provocaron un profundo deterioro en la economía campesina.
En ese contexto, las movilizaciones sociales se convirtieron en la principal herramienta de presión. Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Sinaloa fueron escenario de bloqueos carreteros, tomas de oficinas públicas y marchas hacia la Ciudad de México.
Las demandas eran claras: precios justos para el maíz, acceso a créditos, apoyo a la producción y respeto a la tierra comunal. Si bien las protestas visibilizaron la crisis del agro, también generaron afectaciones económicas considerables.
El sector transportista llegó a reportar pérdidas diarias de hasta 100 millones de pesos por bloqueos en autopistas, mientras que las cadenas de abasto de alimentos y combustibles sufrieron retrasos que impactaron a miles de comercios.
La respuesta gubernamental fue, en muchos casos, la criminalización de la protesta social. Decenas de dirigentes campesinos fueron detenidos bajo cargos de motín, ataques a las vías de comunicación o asociación delictuosa.
Uno de los casos más emblemáticos fue el de Ignacio del Valle Medina, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, encarcelado tras la represión de 2006. Junto a él, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, también dirigentes de Atenco, recibieron sentencias de larga duración.
En Guerrero, líderes agrarios como Artemio Cruz fueron detenidos por encabezar bloqueos en defensa del precio del maíz, mientras que en Michoacán se documentaron procesos judiciales contra dirigentes como José Luis Chávez por cierres carreteros en 2010.
Las pérdidas económicas se convirtieron en el principal argumento oficial para justificar la represión. Sin embargo, para las comunidades rurales, las protestas eran la única vía para exigir condiciones dignas de vida. Los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto defendieron estas acciones en nombre del “orden público”, pero para el campo significaron un retroceso en derechos y libertades.
El saldo de esos años fue un agro debilitado, con miles de millones de pesos en pérdidas acumuladas, líderes convertidos en presos políticos y una narrativa oficial que invisibilizó la desigualdad rural.
Entre 2000 y 2018, el campo mexicano resistió frente a un modelo que priorizó el mercado sobre la justicia social, pagando un alto costo en libertad, derechos y desarrollo.
