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El diputado federal mexiquense del PT volvió a colocarse en el centro del escándalo tras ser grabado insultando y amedrentando a policías en un retén.
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El deterioro de la vida pública en México encuentra un rostro claro en el diputado federal del PT, Wblester Santiago Pineda. Su nombre volvió a acaparar titulares luego de que circulara un video en el que, desde el interior de una camioneta blanca, insulta y amenaza a policías estatales durante una revisión rutinaria.
La grabación muestra cómo, ante una simple solicitud de diálogo por parte de los agentes, el legislador responde con un “¿por qué me grabas, wey?” seguido de un insulto directo: “hijo de su pinche madre”. Después de la agresión verbal, acelera y abandona el lugar sin ninguna consecuencia inmediata.
Este comportamiento, lejos de ser excepcional, se suma a una cadena de incidentes que revelan un estilo de ejercer el poder basado en la intimidación y la impunidad. Apenas hace unos días, el mismo diputado fue captado en estado de ebriedad dentro de un centro comercial de Metepec, donde causó destrozos y agredió a personal de seguridad privada.

En aquella ocasión, presumía su investidura federal para amedrentar a quienes intentaban controlar la situación, provocando daños valuados en cientos de miles de pesos.
Lo ocurrido ahora confirma un patrón que preocupa a especialistas y ciudadanos por igual: un representante popular que, lejos de actuar conforme a la ley, la usa como carta de inmunidad. La actitud del legislador despreciar a policías que realizan su trabajo, insultarlos sin provocación y retirarse con absoluta impunidad exhibe un nivel de soberbia impropio de un funcionario electo.
El PT, partido que lo postuló y del cual se espera algún tipo de deslinde, ha guardado silencio. Ningún dirigente ha condenado de manera contundente los hechos, alimentando la percepción de que protegerán al legislador pese al daño reputacional que genera.
Aunque la Fiscalía abrió una carpeta por los destrozos cometidos en Metepec, no existe hasta ahora un pronunciamiento claro sobre los agravios más recientes. La ciudadanía lo resiente como un mensaje inequívoco: la justicia no se aplica con el mismo rigor para todos.