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MARIO LÓPEZ
GRUPO CANTÓN
El municipio de Tonanitla encabezado por el edil Mauro Martínez enfrenta en 2025 uno de los problemas más graves de su historia reciente: el crecimiento urbano irregular, un fenómeno que avanza sin control a las orillas del municipio y que ya compromete servicios, seguridad y calidad de vida.
En colonias formadas sobre antiguos terrenos agrícolas o vías de paso, proliferan asentamientos sin planeación, sin licencias y sin supervisión municipal, donde cientos de familias construyen viviendas sin acceso garantizado a agua potable, drenaje o electrificación estable.
Analistas consultados señalan que la problemática no es nueva, pero sí se ha acelerado en los últimos dos años, particularmente por la presión inmobiliaria derivada de la cercanía con el AIFA. En zonas como Ejidos y ampliaciones que bordean el límite con Tecámac, fraccionadores informales promocionan lotes sin documentos legales, dando origen a nuevos asentamientos que carecen de infraestructura básica y que podrían convertirse en focos de riesgo ambiental y social.
Pese a que la legislación estatal obliga a los ayuntamientos a frenar ocupaciones irregulares y a vigilar el uso de suelo, en Tonanitla persiste una omisión evidente. No existen operativos constantes para detectar subdivisiones ilegales, tampoco se han actualizado instrumentos de planeación urbana, y el gobierno local ha limitado su actuación a llamados preventivos, sin sanciones contundentes ni denuncias formales contra los fraccionadores.
Vecinos y especialistas coinciden en que “a autoridad municipal no solo ha sido omisa, sino que su falta de acción podría derivar en una crisis mayor”. Mientras las familias siguen llegando y levantando viviendas improvisadas, el ayuntamiento parece rebasado, sin capacidad operativa y sin estrategia clara para ordenar el territorio.
De continuar este ritmo, advierten, Tonanitla podría enfrentar en pocos años una sobrecarga en servicios, aumento de conflictos por tenencia de tierra y la consolidación de colonias sin condiciones dignas ni seguridad jurídica.
