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Alcaldes, gobernadores y legisladores se han reunido con líderes religiosos; también los han invitado a diversas actividades públicas
Diego Raya
Ciudad de México.- Aunque la separación de la Iglesia y el Estado ocurrió en México desde 1859 con las Leyes de Reforma, alcaldes, legisladores y gobernadores sostuvieron reuniones con líderes de la Iglesia Católica o movimientos abiertamente religiosos en los últimos meses, principalmente de corte católico.
Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, coordinó acciones con el Consejo Interreligioso de ese estado para ejecutar servicios urbanos. El pasado mes de mayo, señaló: “Estamos demostrando que servir nace del corazón, de la fe”. Dicha organización promueve la protección de la familia y el derecho a la vida, preceptos de la fe católica.
Posterior a ello, el edil de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos Rea, tiene a bien invitar a sacerdotes a la inauguración de obras y acciones de su gobierno para que sean bendecidas, lo que incumple la separación entre ambas instituciones. También ha compartido mensajes de corte religioso, donde alude a la fe y la creencia.
Recientemente, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, sostuvo una reunión con una organización llamada Nueva Derecha, la cual defiende abiertamente “la religiosidad”. Además de su corte religioso, esta organización es abiertamente homofóbica. La edil incluso presumió su encuentro en su cuenta de X.
Otra edil, Nancy Núñez —encargada de Azcapotzalco—, presumió el pasado 9 de noviembre formar parte de una mayordomía, en el Pueblo de San Pedro Xalpa; lo calificó como “un compromiso que asumió con cariño”. Una mayordomía implica una administración de los recursos de Dios, principalmente tesoros, tiempo y talentos, lo cual implica que la funcionaria se comprometió a participar en una actividad religiosa.
Funcionarios de la SEGOB también sostuvieron reuniones con líderes religiosos a inicios de noviembre, entre quienes destacaron Rosa Icela Domínguez, así como el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
En entrevista con Diario Basta, el abogado y jurista Efraín Robledo, con estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Salamanca, señaló: “Desde una perspectiva estrictamente constitucional, la separación entre el Estado y las iglesias en México no sólo es un principio histórico, sino que está determinado constitucionalmente en el Artículo 130 del mismo ordenamiento y de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público”.
Según puntualizó el jurista, en la dicha Ley de Asociaciones Religiosas se establecen con claridad que las instituciones religiosas no pueden intervenir en asuntos de carácter político y que los servidores públicos deben mantener una postura institucional que garantice la neutralidad del Estado frente a cualquier religión. Lo anterior, no se cumple en las acciones ejecutadas por los funcionarios públicos mencionados.
Robledo aclara que, desde un punto de vista jurídico, la preocupación no es la existencia del encuentro que tienen los políticos, sino su instrumentalización: “No implica aislamiento, pero sí se exigen límites claros para evitar que las iglesias influyan en decisiones públicas, o que los servidores públicos se sirvan de elementos religiosos para fortalecer su posición política. El verdadero riesgo no está en la reunión en sí, sino en el mensaje que transmite y en la posible afectación a la imparcialidad del Estado laico”.
