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Colectivos aseguran que la medida deja en riesgo las garantías de verdad, justicia y no repetición
Fernando Ortiz
Ciudad de México.- Diversas organizaciones y colectivos expresaron preocupación frente a la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de que resolvió a favor de la reforma a la Ley General de Víctimas, por la que se elimina el porcentaje obligatorio de presupuesto asignado a medidas de ayuda, asistencia y la reparación integral para víctimas.
La Ley General de Víctimas, establecía que las víctimas tienen derecho a recibir ayuda médica, psicológica, alojamiento de emergencia y medidas de seguridad, además de asesoría jurídica gratuita durante todo el proceso legal.
Colectivos defensores advirtieron que esta aprobación “vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos y el derecho a la reparación integral, ya que sin un presupuesto y un marco normativo y constitucional robusto, las medidas de atención, seguimiento, memoria, verdad y garantía de no repetición pierden eficacia”.
En un comunicado conjunto, diferentes organizaciones como Artículo 19,, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juáre y la Fundación para la Justicia aseguraron que la SCJN decidió “darle la espalda a las víctimas al reabrir la discusión sobre la constitucionalidad de reformas regresivas a la Ley de Víctimas”.
Las organizaciones señalaron que la reforma “reabre el debate sobre la constitucionalidad de reformas regresivas a la ley de víctimas, situación que ya había sido decidida por la integración anterior de la Corte”.
Según el escrito, la decisión de la nueva Corte “representa un enorme retroceso en materia de derechos humanos, pues abre la puerta a que las víctimas vean diluidos sus derechos en virtud de reformas legales que podrían debilitar los mecanismos de protección, atención y reparación”.
El pronunciamiento advierte que la medida también “vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos y el derecho a la reparación integral”, al dejar sin garantías presupuestales y normativas a los mecanismos de asistencia, seguimiento, memoria, verdad y no repetición.
Ante este panorama, las organizaciones hicieron cuatro llamados concretos, instaron a la SCJN a “respetar y garantizar los derechos humanos, particularmente de las víctimas, evitando la reapertura de debates sobre reformas regresivas”.
También, pidieron al Poder Judicial y al Congreso de la Unión asegurar la progresividad de los derechos y garantizar que cualquier reforma futura “sea diseñada con la participación de víctimas, de manera transparente y respetuosa”.
Asimismo, demandaron que autoridades federales y estatales garanticen “los recursos, el adecuado funcionamiento de los órganos competentes y el acceso real a la justicia para las víctimas”.
Finalmente, hicieron un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para “mantener vigilancia sobre estos procesos y señalar cualquier retroceso normativo o institucional que afecte los derechos de las víctimas”.
