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Juan R. Hernández
Algo huele mal tras los hechos del 15 de noviembre en el Zócalo. No porque la tensión social sea nueva, sino porque la violencia exhibida aquella tarde parece demasiado sincronizada, demasiado precisa, demasiado útil para quienes llevan meses buscando instalar la idea de un gobierno represor. Y eso no es casualidad.
Morena en el Congreso capitalino presentó un punto de acuerdo para crear una comisión especial que investigue quién movió los hilos detrás de esos ataques. Y es necesario. Las imágenes muestran grupos con martillos, machetes y bombas molotov golpeando vallas durante más de dos horas. No eran espontáneos, no eran improvisados. Eran operativos.
El documento que presentará el diputado Paulo García lo dice sin rodeos: hubo convocatorias previas en redes para “derribar vallas” y “quemar Palacio Nacional”. La pregunta ya no es si hubo intención política detrás, sino quién la financió y coordinó.
La bancada exige que la Fiscalía y la SSC investiguen no solo a los ejecutores materiales, sino a los operadores políticos que pudieron beneficiarse de la narrativa de “represión”. Porque para eso sirvió la violencia: para provocar, grabar, editar y difundir un relato fun-cional a los sectores que buscan desgastar al gobierno de la ciudad.
Además, Morena quiere indagar las presuntas presiones a comerciantes de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc para asistir a la protesta. Si se comprueba la coacción desde esas alcaldías, no estaríamos ante activismo juvenil genuino, sino ante una movilización inflada con fines electorales.
La comisión especial no solo deberá identificar financiamiento y organización, sino exhibir a quienes normalizan la violencia como herramienta política. El llamado de Morena a PAN, PRI y MC es directo: condenen la agresión o explíquenla. En política, el silencio también habla.
El saldo del 15N fue claro: más de 100 policías heridos, 14 hospitalizados y 29 detenidos, mientras la policía contuvo sin armas ni gases. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró que jamás ordenará represión.
La oposición quiso convertir una marcha reducida en una epopeya juvenil. Pero detrás del membrete “Generación Z”, lo que asoma es una operación política que merece ser investi-gada sin titubeos.
