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La aprehensión del abogado e influencer conocido en las redes por parte de policías municipales encendió nuevamente las alertas sobre el uso excesivo de la fuerza
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La desconfianza hacia la autoridad en Naucalpan, encabezada por el edil Isaac Montoya, escaló un peldaño más tras la detención del influencer y abogado conocido en redes sociales como “Ru Abogado”.
El operativo, que rápidamente se viralizó por la crudeza de las imágenes, dejó al descubierto un nuevo episodio de confrontación entre ciudadanos y la policía municipal. Seis elementos sometieron al creador de contenido frente a un grupo de vecinos que, entre gritos y grabaciones con teléfono en mano, pedían que no se ejerciera violencia innecesaria.
En las imágenes se escucha a uno de los agentes responder con tono desafiante a las acusaciones del detenido: “Me vas a comprobar que estoy robando”.
La frase detonó la molestia de los presentes, quienes aseguran que los señalamientos de corrupción realizados por el abogado no son nuevos y que, desde hace meses, la corporación habría actuado con especial severidad contra quienes cuestionan su proceder.
Varios testigos sostienen que la detención tuvo tintes de represalia por las transmisiones frecuentes en las que el influencer exhibe presuntos abusos policiales.
“Esto no es una detención, es un mensaje. Quieren callar a cualquiera que grabe lo que hacen o que hable de las cuotas y los cobros indebidos”, manifestó Rogelio Santos, residente de la colonia donde ocurrieron los hechos.
En semanas recientes, el influencer había centrado su contenido en denunciar irregularidades dentro de la policía municipal, acusando a mandos de exigir pagos a los elementos y de presionar a comerciantes y automovilistas.
Su estilo directo y confrontativo generó polémica, pero también un amplio respaldo ciudadano que lo considera un contrapeso frente a una autoridad que afirman los vecinos opera con opacidad y sin freno. La administración municipal defendió la actuación policial asegurando que el procedimiento se apegó a protocolo.
Sin embargo, organizaciones civiles señalan que el caso debe investigarse de manera independiente, pues forma parte de un patrón creciente de detenciones arbitrarias y uso desmedido de la fuerza.
