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La masa forestal ha perdido casi 40% de su superficie en treinta años, en la demarcación gobernada por Yoselin Mendoza donde la tala clandestina avanza
MARIO LÓPEZ
GRUPO CANTÓN
En 2025, el deterioro ambiental en Nicolás Romero continúa como uno de los principales problemas del municipio gobernado por Yoselin Mendoza Ramírez, impulsado por la tala clandestina en zonas boscosas como Santa María Cahuacán, donde habitantes han denunciado el ingreso de camiones de carga y grupos armados dedicados a la extracción ilegal de madera.
De acuerdo con reportes comunitarios, la actividad se concentra en áreas que forman parte del denominado Bosque de Agua, corredor forestal esencial para la recarga de mantos acuíferos que abastecen a localidades del Valle de México.
Durante el año, autoridades ambientales llevaron a cabo operativos para frenar la extracción ilegal. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reportó inspecciones y clausuras de aserraderos vinculados a esta actividad, además de la detención de personas presuntamente relacionadas con la tala ilícita.
Sin embargo, vecinos señalan que, pese a estas acciones, los talamontes continúan operando de manera recurrente en zonas de difícil acceso.
A nivel estatal, se han implementado medidas preventivas como jornadas de reforestación y acuerdos de coordinación entre los gobiernos del Estado de México, Ciudad de México y Morelos para incrementar la vigilancia en el corredor forestal. Estos mecanismos buscan fortalecer el resguardo de las áreas arboladas y evitar el avance de la deforestación.
De acuerdo con análisis ambientales recientes, el Bosque de Agua ha perdido cerca del 40 por ciento de su superficie en las últimas tres décadas, afectado por tala, incendios y cambio de uso de suelo. Especialistas advierten que la degradación de este ecosistema afecta directamente la disponibilidad de agua y la estabilidad ambiental de la región.
Pobladores de Nicolás Romero continúan solicitando mayor presencia de autoridades estatales y federales porque las municipales para frenar la explotación de recursos forestales, al considerar insuficiente la capacidad municipal para enfrentar estas actividades.
