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María Guadalupe, mujer otomí de Temoaya condenada a 50 años de prisión por secuestro, comenzó su proceso de apelación; su defensa denuncia violaciones a sus derechos
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La historia de María Guadalupe, conocida cariñosamente como Lupita en su comunidad, vuelve a encender el debate sobre la justicia en México. La mujer otomí, originaria de Temoaya, inició el jueves el proceso legal para apelar la sentencia de cincuenta años que la mantiene bajo restricción por un delito que, asegura, no cometió.
Con el acompañamiento de su defensa y de organizaciones civiles, Lupita busca revertir una condena que, según sus abogados, se sustentó en irregularidades y testimonios inconsistentes.
“El proceso estuvo plagado de omisiones, sin pruebas directas ni respeto a su derecho a una defensa adecuada”, señaló su abogada en entrevista, al explicar que se pedirá la revisión total del expediente judicial.
El caso se remonta a finales de 2021, cuando María Guadalupe interpuso una demanda de pensión alimenticia contra su expareja. Poco después, comenzaron a surgir en su contra acusaciones de abuso sexual, tentativa de feminicidio y, finalmente, secuestro. Para su defensa, estos señalamientos representan un acto de venganza por haber exigido sus derechos.
La mujer, madre de tres hijos, se encuentra actualmente en libertad condicionada y porta un brazalete electrónico. Vive con restricciones, alejada de su comunidad y de su familia, mientras espera que la justicia finalmente le conceda la razón.
En Temoaya, sus vecinos se mantienen atentos al desarrollo del caso. “Lupita es una mujer de trabajo, honesta, que siempre ha buscado el bienestar de sus hijos. Aquí todos la conocemos, sabemos que no tiene nada que ver con lo que la acusan”, declaró don Benito Hernández, habitante del barrio de San Pedro Arriba.
Diversas organizaciones de derechos humanos han señalado este proceso como un ejemplo de la criminalización que sufren las mujeres indígenas cuando reclaman derechos económicos o familiares. Integrantes de colectivos feministas han acompañado el caso, denunciando la falta de traductores y asesoría con perspectiva intercultural durante el juicio original.
