130 lecturas
Por Salvador Guerrero Chiprés
El rescate de 80 menores de edad del albergue Casa de las Mercedes, en la colonia San Rafael, es resultado de un operativo institucional revelador de las redes de protección a la infancia como un verdadero sistema de vida.
La lógica de este dispositivo parte de lo mencionado por la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada: “quien se atreva a tocar a una niña en esta ciudad será sancionado con todo el peso de la ley, más aún cuando se trata de menores que no tienen a su familia”.
De acuerdo con la Fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde, una de las menores fue obligada a realizar labores domésticas en el domicilio de la madre de la directora del albergue, donde un hombre habría abusado sexualmente. Conductas delictivas que encajan en modalidades de la Trata de Personas.
Los datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia indican que más del 50 por ciento de las víctimas de Trata son menores de edad y prácticamente dos de cada tres son niñas.
La acción puntual de la FGJ y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a cargo de Araceli Damián, y el traslado inmediato a instalaciones del DIF, refleja un esfuerzo que coloca la vida y la dignidad de las y los niños como prioridad irrenunciable.
Hasta que concluyan las investigaciones, la presunción de inocencia ampara a los señalados, pero el principio de protección superior protege a las víctimas potenciales.
Desde el gobierno de la CDMX, Brugada ha impulsado una política de protección de la infancia que apuesta por una red de cuidados que involucra a la comunidad, escuelas, centros de salud y dependencias de bienestar, donde se inserta la línea 089 de denuncia anónima, que operamos en el C5.
El operativo en Casa de las Mercedes revela un dato esperanzador: hay capacidad institucional para actuar con rapidez, sensibilidad y legalidad.
