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Por Salvador Guerrero Chiprés
Tras la Operación Caudal
La protesta, instrumento legítimo de defensa social, puede convertirse en coartada cuando es tomada por quienes buscan preservar un privilegio ilícito.
Presenciamos este fenómeno en la reciente movilización de piperos en el Estado de México, un bloqueo vial que, bajo el velo de la reivindicación laboral, exhibe el rostro de la resistencia organizada del huachicol hídrico.
La “Operación Caudal”, ejecutada por la Fiscalía mexiquense y las fuerzas armadas, desplegada en cuarenta y ocho municipios, intervino 51 pozos, desmanteló 138 tomas clandestinas, y se aseguraron 322 pipas. Su éxito provocó la reacción inmediata de quienes viven del saqueo.
El llamado huachicol hídrico es una estructura que opta por la “ordeña” de tuberías, una práctica análoga al robo de combustible, y comercializa agua no potabilizada a precios exorbitantes. Una pipa que debería costar mil 131 pesos se ofrece hasta 60 por ciento por arriba de su precio.
Frente al usufructo del agua, las autoridades intensifican acciones. A nivel interestatal hay coordinación entre la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y las Gobernadoras del Edomex y Morelos, Delfina Gómez y Margarita González Saravia, por ejemplo, para el combate de la tala clandestina y extracción ilícita de recursos en Bosque de Agua.
A nivel local, desde diciembre del año pasado la mandataria de la capital nacional puso en marcha la línea H2O*426, administrada desde el C5 del Agua, para atender reportes relacionados con fugas, desabasto o, incluso, robo y distribución ilícita del líquido.
Estas medidas apuntan a un cambio estructural: devolver el control del agua al interés público. Ningún interés privado, y menos ilegal, puede prevalecer sobre el bien común. El usufructo de la protesta por quienes trafican con el líquido vital quedó exhibido.
