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Datos de la SESNSP revelan que la extorsión representa 29.84% de delitos graves; aumentó más de 21% desde 2019, reflejo del control criminal
Redacción
Grupo Cantón
Ciudad de México.- En los últimos 18 meses, al menos 13 empresarios, comerciantes y trabajadores han sido asesinados en México por denunciar o negarse a pagar derecho de piso, según reportes periodísticos y organizaciones civiles. Las víctimas abarcan desde líderes de cámaras empresariales hasta pequeños comerciantes, reflejo del incremento de la violencia contra quienes se resisten a la extorsión del crimen organizado.
Uno de los casos más recientes es el de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Michoacán, asesinado el pasado lunes por presuntamente negarse a pagar cuotas criminales. La Fiscalía estatal detuvo a Rigoberto López Mendoza, “El Pantano”, identificado como jefe del cobro de extorsiones y autor intelectual del homicidio.
El 10 de julio de 2024 fue ejecutada Minerva Pérez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Ensenada, Baja California. Un día antes había denunciado públicamente las extorsiones de grupos criminales. Apenas tres semanas después, el 30 de julio, fue asesinado Julio Almanza Armas, presidente de la Fecanaco Tamaulipas, quien había alertado sobre cierres de negocios por extorsión en Nuevo Laredo.
La violencia también alcanza al pequeño comercio. En noviembre pasado, César “N”, carnicero del Mercado 2 de Abril, en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, fue asesinado por negarse a pagar cuotas. En febrero de 2025, Gael “N”, vendedor de carnitas en Nezahualcóyotl, recibió ocho disparos tras denunciar amenazas similares.
Otros casos incluyen a Julio Luna, dueño de Tacos del Julio en Nuevo León; cuatro empresarios de Tuxpan, Veracruz, vinculados a farmacias, ganaderías e inmobiliarias; Julio César Castillo Sáinz, mecánico; Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista; y Zhu Yumju, empresario de origen chino, asesinado en Orizaba, todos por negarse a pagar derecho de piso.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la extorsión aumentó 21.3% desde 2019 y representa ya el 29.84% de los delitos de alto impacto en México, un reflejo del control que las mafias ejercen sobre la economía formal e informal.