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El caso de María Guadalupe Martínez, fémina otomí de Temoaya, sentenciada a medio siglo de prisión por secuestro ha generado protestas de colectivos locales.
REDACCIÓN
La historia de María Guadalupe Martínez, mujer originaria del municipio de Temoaya, se ha convertido en un símbolo de lo que activistas llaman “la criminalización de la pobreza y la etnicidad”.
La mujer, perteneciente al pueblo otomí, fue sentenciada a 50 años de prisión por un supuesto secuestro que, según su defensa, no fue debidamente probado y estuvo plagado de irregularidades procesales.
El tribunal que ratificó la condena ignoró las múltiples inconsistencias en el expediente y el reclamo de que María Guadalupe jamás contó con un traductor durante la mayor parte del proceso.
“No entendía ni siquiera las acusaciones; se le negó un derecho básico como persona indígena”, declaró su abogada, Gabriela Amores, quien acusa directamente al juez Víctor Martín Mejía Hernández y al agente del Ministerio Público Raúl Amauri Velázquez Jaimes de actuar con evidente parcialidad.
La detención, ocurrida en julio de 2022, marcó el inicio de un viacrucis legal. Durante dos años, la mujer enfrentó cargos graves entre ellos abuso sexual y tentativa de feminicidio de los cuales fue absuelta, aunque el señalamiento por secuestro se mantuvo.
Su defensa sostiene que la acusación fue impulsada por la pareja actual de su expareja, con quien María Guadalupe mantuvo una relación de más de una década marcada por la violencia doméstica. Tras exigir pensión alimenticia para sus dos hijos, comenzaron las denuncias en su contra.
En Temoaya, la comunidad otomí no oculta su enojo. “Nos duele lo que están haciendo con Lupita. Aquí todos sabemos que es una mujer buena, que trabaja para sacar adelante a sus hijos”, lamenta Ana Sánchez, vecina de la zona. “El sistema la está castigando por ser pobre y hablar otomí, no por haber cometido un crimen”.
La indignación crece y las críticas apuntan al sistema judicial mexiquense, señalado por su falta de traductores y su indiferencia ante la condición cultural de los acusados. En este caso, la defensa considera que se trata de una condena impuesta más por prejuicio que por pruebas.
