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Por Eduardo López Betancourt
elb@unam.mx
NO DEBE HABER IMPUNIDAD
Han sido sumamente dramáticas las explosiones de pipas que, una y otra vez, dejan resultados patéticos: numerosas muertes, destrucción de bienes y, lo más grave, absoluta impunidad.
El 10 de septiembre, una pipa de la empresa Silza S.A. de C.V., con capacidad de 49,500 litros de gas LP, explotó, causando la muerte de 31 personas y cuantiosos daños materiales, quemados al por mayor, cuyo futuro es bastante incierto y dramático, con caras imposibles de identificar y que les provocan daños psicológicos permanentes. Hasta la fecha, se desconocen las acciones legales efectivas emprendidas al respecto.
El drama se agravó con nuevas tragedias. El sábado 11 de octubre, en Santa Rita Tlahuapan, otra pipa que transportaba combustible volcó y explotó. El siniestro dejó un hombre con quemaduras graves y dos vehículos particulares incendiados. Resulta incomprensible que hechos de esta magnitud sigan repitiéndose.
Hay varios aspectos que deben analizarse, como la calidad y capacitación de los operadores que manejan unidades con sustancias tan peligrosas.
Además, es evidente que circulan a cualquier hora, sin restricciones, por todo tipo de vías, especialmente en la Ciudad de México. Lo más elemental sería establecer horarios de tránsito para reducir riesgos y mejorar la seguridad vial.
En cuanto a las pipas que han provocado tanto daño, deben atenderse dos puntos esenciales: 1. Castigo ejemplar a los responsables directos e indirectos de las tragedias. 2. Siendo fundamental una indemnización justa para las víctimas.
Con frecuencia, las empresas aseguradoras ofrecen sumas ridículas por la pérdida de vidas humanas, lo cual resulta profundamente inmoral. Por cada fallecimiento deberían otorgarse indemnizaciones de varios millones de pesos, como mínimo.
A ello se suma el sufrimiento de los heridos, muchas veces con quemaduras tan graves que les destruyen la vida. Estas personas merecen atención médica de calidad y una compensación económica suficiente para ayudarlas a reconstruir su existencia.
Las empresas responsables de tales desastres tienen directivos identificables, contra quienes debe aplicarse todo el peso de la ley. Es urgente conocer sus nombres y exigir resarcimientos inmediatos y generosos por los daños irreparables ocasionados por su irresponsabilidad.
