336 lecturas
Por Ana María Vázquez
Es muy curioso ver cómo, en cada medio, invariablemente se trata de “desglosar” la ley de amparo, mucha tinta ha corrido al respecto y todos ponen por delante el “derecho de los ciudadanos” a ampararse; es curioso que siempre que se trata de defensa propia, se pone por delante a la ciudadanía, al pueblo, cuando es justamente el ciudadano el menos beneficiado de este derecho que, si bien de entrada es gratuito, el costo va variando dependiendo el abogado y el tipo de caso, pero no es menor a los 5 mil pesos. Y en cuanto al tiempo que tarda el trámite, que de entrada debería ser sencillo para un ciudadano normal, de a pie como usted y como yo, no es menor a tres meses; aunque puede tardar varios años, dependiendo también de la cantidad de dinero que se “invierta” en el trámite. En suma, ni para usted ni para mi aplica en principio el cambio a la ley de amparo, sino por supuesto, a magnates como Ricardo Salinas, grandes deudores, mineras y empresas transnacionales que tienen el suficiente capital para llevar no solamente uno sino hasta 100 juicios de amparo en despachos especializados a los que han nombrado de “litigio estratégico”, y ahora resulta que los realmente afectados están esgrimiendo el derecho de amparo como un derecho humano; así debería ser, por supuesto, pero el derecho de un ciudadano a protegerse ante un fallo tendría que regir en principio para todos y estar al alcance de todos, sin embargo, han sido los que aprovechan todas las instancias y la estrategia de ampararse y sobre-ampararse para alargar un fallo.
Es muy claro que el abuso de este derecho por parte de los empresarios ha ido en desdoro de los ciudadanos que son los que deberían ser los más beneficiados en este proceso y han sido los derechos humanos de los ciudadanos los que han sido vulnerados por este tipo de prácticas, junto al contubernio con jueces y ministerios públicos, los que han manchado este y otros procedimientos que ahora necesariamente debe sanearse y comienzan a verse resultados en la nueva corte que el pasado 8 de octubre publicó en su boletín la revocación de sentencia a dos transnacionales mineras que la administración anterior les había otorgado en perjuicio de nuestros recursos y derechos. Ojalá en el futuro, los amparos puedan ser accesibles a toda la ciudadanía porque por ahora solo podemos decir: “Que Dios te ampare”.
