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El presidente municipal de Toluca defendió el operativo del 2 de octubre contra estudiantes y periodistas, lo calificó como “necesario y legal” pese a la brutalidad
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La conmemoración del 2 de octubre en Toluca que derivó en un episodio de violencia inédito para la capital mexiquense, ahora enfrenta un intento de legitimación desde el propio ayuntamiento.
El alcalde Ricardo Moreno Bastida adoptó una postura intransigente al defender públicamente la actuación de la policía municipal durante la marcha estudiantil, en la que no solo se encapsuló a los manifestantes, sino que también resultaron agredidos al menos ocho periodistas que documentaban los hechos.
En declaraciones a medios locales, el edil morenista aseguró que la intervención de la fuerza pública respondió a la presencia de “encapuchados armados con palos, tubos y bombas Molotov”.
Según él, el operativo buscaba “resguardar la paz de los habitantes y garantizar el desarrollo de la Feria del Alfeñique”, evento tradicional que se realizaba a pocas calles de la protesta. No obstante, evitó pronunciarse sobre los testimonios y evidencias gráficas que muestran a policías golpeando a reporteros y arrebatándoles su equipo de trabajo.
La posición del alcalde fue interpretada como una justificación abierta de la represión. Diversas asociaciones de periodistas del Valle de Toluca, condenaron la postura oficial y difundieron un comunicado en el que acusaron al municipio de vulnerar la libertad de prensa.
“Cada cámara rota, cada reportero herido, es un atentado contra el derecho ciudadano a estar informado”, subrayaron, al tiempo que exigieron sanciones contra los responsables y garantías para el ejercicio periodístico en futuras manifestaciones.
La respuesta oficial se limitó a señalar que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), realizará las investigaciones pertinentes.
Sin embargo, las asociaciones de comunicadores, ya anunciaron que interpondrán denuncias formales por las agresiones. El episodio dejó varios lesionados y un debate abierto sobre los límites del uso de la fuerza pública en contextos de protesta social.
