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Por Salvador Guerrero Chiprés
Conmemorar el 2 de octubre es ejercer una memoria capaz de recordar cómo las libertades democráticas actuales se conquistaron al costo de vidas de estudiantes, docentes, trabajadores, ciudadanas y ciudadanos.
A 57 años de la represión en Tlatelolco, la Ciudad de México se afirma como territorio donde la política reconoce la dimensión histórica del crimen cometido contra quienes ejercían derechos básicos: petición, expresión, reunión, manifestación.
El movimiento estudiantil del 68 fue parte de un proceso que redefinió el espacio público y la relación entre ciudadanía e instituciones. Como señaló ayer la Jefa de Gobierno Clara Brugada: convirtió a la ciudad en territorio en disputa por derechos, esperanza y transfor-mación. Y se tradujo en políticas públicas para erradicar la desigualdad, reparar agravios y construir paz desde lo colectivo.
Bajo esa lógica, el programa Territorios de Paz anunciado ayer por Brugada articula instituciones, comunidad y derechos en la construcción de seguridad integral. En la presentación, lo sintetizó así: todas las secretarías e instituciones estarán encaminadas a combatir de-sigualdades y construir paz.
Este profundo proceso exige desde el territorio identificar problemas económicos y socia-les, atender la raíz de la desigualdad y desplegar políticas integrales de seguridad, cámaras del C5, educación, salud, cultura y bienestar. “Apuesta ética para transformar las condiciones estructurales que generan violencia”, enfatizó José Antonio Jiménez, subsecretario de Territorios de Paz e Igualdad, diseñador del programa.
Conmemorar Tlatelolco no implica mirar con nostalgia trágica, sino asumir que la violencia de Estado no puede repetirse y la seguridad no depende únicamente de la fuerza pública.
