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La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, señaló a Sefe Publicidad de ser una compañía falsa, raye recibió recursos de la dirigencia del PRI
Daniel Escobar
Ciudad de México.- El gobierno de Iztapalapa, encabezado por Aleida Alavez, destinó cerca de siete millones y medio de pesos a Sefe Publicidad S.A. de C.V., compañía señalada por Layda Sansores de ser una empresa “fantasma” relacionada con el actual dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como “Alito”.
La alcaldía que encabeza Alavez Ruiz, comprometió un total de siete millones 424 mil pesos a favor de Sefe Publicidad S.A. de C.V., debido a que ella supuestamente se encarga de realizar contenido, videos, postales, y transmisiones en vivo desde redes sociales para el gobierno de la morenista, según consta en la versión pública del contrato IZTP/DGA/AD-C-23/045/2025, subida a la Plataforma Nacional de Transparencia.
Sin embargo, Sefe Publicidad S.A. de C.V. fue exhibida en octubre de 2022 por la todavía gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de ser una empresa “fantasma” que recibió millones de pesos de los recursos de la dirigencia nacional del PRI, la cual desde entonces encabeza “Alito” Moreno.

Como parte de los argumentos por los que Sansores San Román, señaló a Sefe Publicidad S.A. de C.V. como empresa “fantasma” en su programa “Martes del Jaguar”, es que esta se creó días después de que Moreno Cárdenas se volviera dirigente del tricolor, cuestión que coincide con un rastreo que hizo Diario Basta en el Registro Público de Comercio, pues la corporación se constituyó el 25 de septiembre de 2019, y “Alito” dirige el PRI desde agosto del mismo año.
Otra cuestión señalada en el “Martes del Jaguar”, es que la empresa tenía como domicilio fiscal el número 59 de Insurgentes Norte, el cual también es la dirección de la dirigencia nacional del PRI, sin embargo, es de señalar que en el contrato suscrito con la alcaldía Iztapalapa, Sefe Publicidad S.A. de C.V. ya señaló otra ubicación.
Es de señalar que el gobierno de Aleida Alavez, eligió a esta empresa de forma directa sin licitación o concurso de por medio, con el argumento de ello habría provocado afectaciones al “interés público o comprometer, difundir, o dar a conocer información reservada o confidencia”.
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