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Por Juan R. Hernández
Cada año, la cita es la misma: 2 de octubre, 16:00 horas, Plaza de las Tres Culturas. La marcha que recuerda la masacre de Tlatelolco en 1968 vuelve a recorrer la Ciudad de México, esta vez en su 57 aniversario. Se repite la exigencia de justicia para las decenas de jóvenes asesinados por órdenes del régimen de Gustavo Díaz Ordaz, pero también se actualizan las consignas: justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa y un alto a la violencia en la Franja de Gaza.
La memoria histórica se entrelaza con las tragedias del presente, recordándonos que la lucha estudiantil no es solo conmemoración, sino resistencia permanente.
La ruta es conocida: de Tlatelolco al Zócalo capitalino, entre consignas, pancartas y la advertencia de que las estaciones del Metro se saturarán, de que el Zócalo estará cerrado y de que la ciudad deberá aprender a convivir con el caos. Pero más allá de los cortes viales y de los contingentes que toman las calles, hay una discusión pendiente: el costo económico y social de estas movilizaciones. Organismos empresariales han estimado que, en cinco años, las pérdidas acumuladas superan los 70 millones de pesos por negocios cerrados y daños materiales. Y aunque resulta tentador quedarse en la cifra, lo cierto es que el debate no puede reducirse a pesos y centavos: lo que está en juego es la tensión entre el derecho a la protesta y el derecho de miles de ciudadanos a vivir y trabajar sin miedo a la violencia de grupos que aprovechan estas marchas para destruir.
El Congreso local también ha querido subirse al debate, recordando que la violencia no solo se vive en las calles. La tragedia reciente en el CCH-Sur, donde un estudiante perdió la vida a manos de otro, es muestra de que la crisis de seguridad atraviesa los planteles educativos y que las instituciones, incluida la UNAM, no pueden mirar hacia otro lado. Se habla de fortalecer el tejido social, de cultura de paz, pero esas frases corren el riesgo de convertirse en retórica vacía si no se traducen en medidas concretas.
El 2 de octubre no se olvida, pero tampoco debería olvidarse que la memoria no puede ser rehén del vandalismo ni de la indolencia institucional. Conmemorar es necesario; garantizar seguridad y justicia, urgente.
