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Al primer trimestre de 2025 nueve municipios mexiquenses concentran más de 2 mil 700 millones de pesos en espera de ser liquidados por los actuales gobiernos
JUAN R. HERNÁNDEZ
El Estado de México encabeza la lista nacional de entidades con mayor número de municipios endeudados, y varios de ellos figuran entre los más comprometidos financieramente.
De acuerdo con el estudio Obligaciones Financieras de los Municipios de México del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), al primer trimestre de 2025 nueve municipios mexiquenses concentran más de 2 mil 700 millones de pesos en pasivos.
Ecatepec de Morelos lidera con una deuda de 602.3 millones de pesos, seguido por Naucalpan de Juárez (442.3 mdp), Huixquilucan (390.1 mdp), Atizapán de Zaragoza (347.2 mdp), Tlalnepantla de Baz (339.3 mdp), Coacalco de Berriozábal (295.2 mdp), Nezahualcóyotl (243.7 mdp), Ixtapaluca (162.7 mdp), Chalco (127.3 mdp) y Texcoco (113.6 mdp).
La presión financiera se refleja en el uso de participaciones federales: Ecatepec tiene comprometido el 57.4% de estos recursos para pago de deuda, Ixtapaluca el 42.8% y Coacalco el 25.7%, lo que limita su capacidad de inversión en servicios básicos. Los rubros más afectados son el pago de nómina, mantenimiento urbano, seguridad pública y programas sociales.
En contraste, Nezahualcóyotl presenta menor vulnerabilidad: solo 11.2% de sus participaciones están comprometidas, y su deuda per cápita es de apenas 220 pesos, una de las más bajas del país.
A nivel nacional, el saldo de deuda municipal asciende a 31,341.1 millones de pesos. Expertos advierten que, aunque la tendencia general ha sido de moderación, la concentración de pasivos en municipios mexiquenses revela un problema estructural: gobiernos locales que dependen del refinanciamiento para sobrevivir, sacrificando inversión pública y calidad de vida.
La gobernadora Delfina Gómez propuso autorizar créditos por hasta 5 mil 386 mdp con cargo al FAIS, a liquidarse antes de 2027. La medida busca evitar el colapso operativo de los ayuntamientos, pero exige transparencia y destino social. Sin acción coordinada, alertan especialistas, la presión sobre nómina y proveedores podría intensificarse en los próximos ejercicios.
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