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En el primer año de gestión de Manolo Jiménez, hizo pagos irregulares por 22.4 mdp, gasto millonario para propaganda, aumento de huachicol y presunto Cártel Inmobiliario
OMAR MONTALVO
Ciudad de México. – A nivel nacional el PRI sólo gobierna dos estados, dónde Coahuila bajo el mando de Manolo Jiménez (2023-2024), ya recibió observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por recursos erogados sin justificación, un derroche en propaganda, obras públicas sin terminar, además del auge de huachicol y un presunto Cártel Inmobiliario del que el priísta forma parte.
En el informe de resultados de la Cuenta Pública 2024, la ASF detectó que durante el año anterior, la administración de Jiménez Salinas determinó que hay un monto de 22 millones 426 mil pesos sin aclarar, que presuntamente se destinó en la entrega de apoyos económicos. En esta dispersión de ayudas sociales, se detectó que hubo 76 beneficiarios fallecidos y otro tanto que no pertenecía al rango de edad del programa, además de recursos usados en la adquisición de bienes para un tanque terapéutico que no fueron comprobados.
Del mismo modo, diputados locales criticaron que para 2024 solicitó un monto de 900 millones de pesos para la tarea propagandística de la publicidad oficial de su gobierno. A pesar de que este derroche de uno de los dos gobernadores del PRI, fue uno de los gastos más criticados en el presupuesto de 2024, para el 2026 planteó un incremento de recursos públicos para publicidad oficial, ya que ahora se plantea dotar de mil millones de pesos a esta partida.
Uno de los discursos que el gobernador más ha destacado es la supuesta baja inseguridad en Coahuila, pero el robo de combustible, también llamado huachicol, ha aumentado. Diputados federales alertan debido que uno de los decomisos más grandes consta de 129 tanques en Saltillo, que las autoridades estatales no habían detectado. Asimismo, el legislador federal Ricardo Mejía, ha denunciado que el gobernador es parte de un Cártel Inmobiliario en Coahuila que se ha servido del beneficio de gobiernos anteriores, ya que al menos cuatro empresas inmobiliarias de su familia más una propia, que entre 2018 y 2022 tuvieron 18 permisos de construcción.
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