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Buscan castigar con cárcel el abandono de basura en zonas protegidas, con agravantes por reincidencia, residuos peligrosos o afectación sanitaria
REDACCIÓN
El Estado de México se ha consolidado como la entidad que más residuos sólidos urbanos genera en el país. Para 2025 se proyecta una producción diaria de hasta 26 mil toneladas de basura, lo que equivale al 14% del total nacional.
Este volumen coloca a la entidad en una situación crítica por la presión que ejerce sobre su infraestructura de disposición final y por los riesgos ambientales y sanitarios que implica.
Entre los municipios con mayor concentración de residuos destacan Chicoloapan, que alberga dos rellenos sanitarios que reciben basura incluso de la Ciudad de México; Ixtapaluca, destino de desechos del oriente del Valle de México; y Cuautitlán Izcalli, que también recibe cargas adicionales provenientes de la capital.
Según datos oficiales, el 63% de los residuos generados en la entidad se dirige a rellenos sanitarios, el 12% termina en tiraderos a cielo abierto, 7% se deposita en sitios con manejo limitado y un 2% se traslada a otros estados.
La situación se agrava en diciembre, cuando el consumo se dispara y la generación de basura por persona aumenta entre uno y 1.25 kilogramos diarios, saturando la capacidad de recolección. A ello se suma un dato preocupante: menos del 11% de los residuos se recicla, reflejo de la falta de separación en origen y del rezago en políticas de economía circular.
Ante este panorama, el diputado de Morena, Israel Espíndola López, presentó una iniciativa que busca tipificar como delito ambiental el abandono ilegal de basura. La propuesta establece sanciones de seis meses a dos años de prisión y multas de 5 mil 657 a 56 mil 570 pesos cuando los desechos no superen los 20 kilos.
Si exceden ese peso o se trata de residuos peligrosos, la pena se elevaría hasta cinco años de cárcel y multas de 113 mil pesos. Las sanciones aumentarían en áreas naturales protegidas, zonas de recarga hídrica, por reincidencia o si se demuestra afectación a la salud.
El proyecto contempla también sanciones de hasta seis años de prisión a quienes transporten, vendan o almacenen residuos peligrosos fuera de norma, así como la posibilidad de que cualquier ciudadano, organización o autoridad municipal denuncie estas conductas.
Espíndola precisó que no se pretende criminalizar a la población, sino sancionar actos dolosos y reiterados que deterioran el medio ambiente, en especial aquellos cometidos por transportistas que abandonan basura en sitios prohibidos.
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