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Por Eduardo López Betancourt
A lo largo de la evolución histórica, las mujeres han sido víctimas recurrentes de conductas que atentan contra su integridad sexual, desde manifestaciones de hostigamiento hasta delitos consumados de violación. La constante en muchos de estos casos ha sido el silencio, propiciado por el temor y la ausencia de confianza en las instituciones encargadas de procurar justicia, lo que ha generado un contexto de impunidad y revictimización.
En las últimas décadas se ha evidenciado una mayor disposición a denunciar, aunque per-sisten factores estructurales, sociales y culturales que obstaculizan el acceso efectivo a la justicia. Las denunciantes reclaman un verdadero compromiso estatal, que se traduzca en acciones firmes y no en meros pronunciamientos de carácter político o retórico.
Diversos procesos judiciales han adquirido notoriedad pública, particularmente cuando implican a personas con alta influencia política, económica o mediática. En tales escenarios, la opinión pública tiende a sustituir el juicio judicial por una condena social anticipada, vulnerando con ello el principio constitucional de presunción de inocencia, el cual debe prevalecer como garantía procesal fundamental.
El marco normativo mexicano ha incorporado disposiciones consideradas de avanzada, orientadas a privilegiar la voz de la víctima o persona denunciante, incluso sin un análisis preliminar de consistencia probatoria. Esta tendencia ha dotado a las fiscalías de amplias facultades para dictar medidas cautelares basadas en una denuncia inicial, las cuales, en ocasiones, se prolongan de manera indefinida, configurando prácticas que pueden interpre-tarse como excesos o arbitrariedades.
No debe soslayarse la existencia de denuncias carentes de sustento fáctico, presentadas por actores que buscan beneficiarse de la sensibilidad social que rodea este fenómeno.
Dichas conductas fraudulentas afectan la credibilidad del sistema y dañan a quienes han sido víctimas de agresiones, por lo que es indispensable establecer sanciones ejemplares para estos casos.
Las mujeres, requieren un marco protector robusto que garantice respeto, seguridad y ac-ceso efectivo a la justicia. Este respaldo debe cimentarse en instituciones confiables, pro-cedimientos claros y sanciones proporcionales, orientados a proteger derechos fundamen-tales sin sacrificar garantías procesales de ninguna de las partes.
