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En el municipio crece la indignación contra el alcalde Daniel Serrano, acusado de otorgar permisos de venta a foráneos y ordenar desalojos violentos contra locales
Redacción
Grupo Cantón
Cuautitlán Izcalli vive días de caos político y social a las puertas de las fiestas patrias. La explanada municipal se ha convertido en un campo de protesta y confrontación, donde comerciantes locales y vecinos de colonias como La Piedad, Lomas de Cuautitlán y El Rosario mantienen un plantón indefinido tras ser excluidos de las celebraciones por el alcalde Daniel Serrano.
El descontento estalló el pasado lunes 8 de septiembre, cuando elementos de la Policía Municipal, equipados con cascos y escudos, desalojaron con violencia a los manifestantes que exigían permisos para vender productos tradicionales durante las fiestas.
Testigos denunciaron empujones, golpes y varios lesionados leves. “Solo queremos trabajar honradamente, pero el presidente municipal prefiere entregar los espacios a gente de fuera y mandar a la policía a golpearnos”, acusó María Martínez, comerciante afectada.
Los inconformes señalan que los permisos fueron otorgados a vendedores provenientes de municipios como Tlalnepantla, Nezahualcóyotl e incluso de la CDMX, desplazando a los izcallenses. Dirigentes como Karen Rosas, de la organización ACME, afirman que se presentaron más de 100 solicitudes conforme al Bando Municipal, pero todas fueron rechazadas sin explicación.
También acusan actos de corrupción en la asignación de espacios, supuestamente condicionados a pagos extraoficiales. Ante ello, instalaron casas de campaña frente al palacio municipal y advierten que permanecerán hasta el 16 de septiembre, incluso si eso implica bloquear la ceremonia del Grito de Independencia.
La protesta también incluye exigencias de servicios básicos como agua potable, drenaje, alumbrado y pavimentación, problemas que aseguran han sido ignorados por la administración. A esta crisis social se suma el deterioro en materia de seguridad.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre diciembre de 2024 y enero de 2025 el robo a comercios se disparó de 47 a 99 casos, 36 con violencia; el robo de vehículos aumentó de 121 a 138; los robos a casa-habitación se mantuvieron en 23 casos mensuales; y la percepción de inseguridad creció de 80.5% a 84.5% en apenas tres meses.
Pese a ello, Serrano insiste en una supuesta disminución del 5.36% en delitos de alto impacto, ignorando los crímenes cotidianos que más afectan a los ciudadanos. La crisis alcanza también a la policía municipal, donde 94 elementos están bajo investigación por presuntos delitos y faltas administrativas que incluyen corrupción, abuso de autoridad, violencia de género e incluso consumo de drogas; de ellos, 35 ya han recibido sanciones como bajas definitivas y suspensiones sin sueldo.
En este clima de inseguridad, acusaciones de corrupción y descontento social, el alcalde Daniel Serrano enfrenta un escenario adverso que amenaza con desbordar incluso la conmemoración del Grito de Independencia.
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