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Aún no se promueven reformas de fondo que cuiden a la población sexoservidora, de la violencia a la que está expuesta
POR DANIEL ESCOBAR
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- Tras casi un año del actual sexenio, aún no se emite una regulación que proteja a quienes se dedican al trabajo sexual en la Ciudad de México, mientras organismos defensores de Derechos Humanos e internacionales, han advertido sobre esta necesidad.
Esta legislatura inició un mes antes de que comenzara el actual sexenio de Clara Brugada, es decir, en septiembre de 2024, y apenas hace unos días revelaron algunos diputados locales de Morena, que ya se trabaja en un protocolo para proteger a quienes brindan trabajo sexual y a los turistas que estarán en la Ciudad de México durante el Mundial de fútbol de 2026.
Sin embargo, en los 12 meses previos ningún legislador ni la jefa de Gobierno, propusieron formalmente ninguna iniciativa al respecto, según rastreó Diario Basta en los registros abiertos del Congreso de la Ciudad de México.
La necesidad de legislar profundamente el trabajo sexual, y no solamente con un protocolo de cara al Mundial del siguiente año, fue reiterado por la Organización de Estados Americanos, en el informe de la Comisionada para los Derechos de las Personas Trabajadoras Sexuales de abril pasado, llamado al que posteriormente se sumó el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).
La apatía por legislar esta temática existe a pesar de que, en marzo pasado, la propia mandataria capitalina, Brugada Molina, se refirió en un discurso público a este problema, sin embargo, en ese acto comunicó que la violencia contra practicantes de sexoservicio se ejercía antes, sin reconocer que es algo a lo que actualmente están expuestos.
“La cacería de mujeres por trabajar en las calles era una constante para las trabajadoras sexuales”, dijo la jefa de Gobierno en aquella ocasión.
Un paso histórico que se dio en la Ciudad de México, fue cuando a causa del juicio de amparo 112/2013, los trabajadores sexuales pudieron ser reconocidos bajo el esquema de trabajo no asalariado por parte de la Secretaría del Trabajo local, aunque activistas por la causa consideraron esto como una medida poco útil, pues además de no proteger contra la violencia, no da acceso a prestaciones como la jubilación o la seguridad social.
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