305 lecturas
Por Juan R. Hernández
El reciente encuentro entre diputados del Congreso de la Ciudad de México y líderes de organizaciones de transportistas puso sobre la mesa un hecho evidente: el transporte concesionado no puede seguir funcionando en piloto automático. La precarización de las unidades, el aumento de los costos de operación y la necesidad de actualizar tarifas son problemas que arrastran décadas y requieren soluciones institucionales, no parches temporales.
El diputado Pablo Trejo dejó claro que las demandas del sector son legítimas y deben transformarse en propuestas legislativas sólidas y duraderas. Crear un índice de costo del transporte y un fondo de renovación vehicular mediante chatarrización no es solo técnica administrativa: es apostar por un sistema viable y sostenible, donde el aumento de tarifas vaya acompañado de apoyos concretos, garantizando que no se diluya con el tiempo.
La diputada Xóchitl Bravo, por su parte, insistió en escuchar todas las voces, incluso las ciudadanas que exigen conductores más responsables y seguros. El foro propuesto para finales de septiembre será clave para armonizar la Ley de Movilidad y definir reglas claras que beneficien a transportistas y usuarios por igual.
Representantes como Enrique Hernández y Alejandro Luna destacaron que el diálogo institucional es la vía correcta: el transporte mueve a seis de cada diez usuarios de la ciudad, y su profesionalización exige recursos públicos, inversión en unidades de bajas emisiones y tecnología. La clave es poner al usuario en el centro y fortalecer al transportista, no a los intermediarios.
Este proceso también coincide con un debate interno en Morena, tras la salida de Eduardo Cervantes del Programa de Formación Política. Su crítica sobre corrupción y perfiles ligados al viejo régimen evidencia que el cambio profundo exige transparencia y apertura al cuestionamiento, dentro y fuera del partido guinda capitalino.
