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Por Juan R. Hernández
Las quejas no dejan de llegar a nuestra redacción y, parece, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ya no siente lo duro sino lo tupido. La inconformidad crece, y ayer quedó demostrado cuando alrededor de mil trabajadores de base del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México reclamaron ser escuchados y entregar un pliego petitorio. La negativa de la edil no hizo más que tensar el ambiente y dejar abierta la posibilidad de nuevos bloqueos en vialidades y oficinas de la alcaldía.
La molestia sindical no se queda en un solo punto. La Sección 20 exigió la destitución de Agustín Buendía, jefe de Unidad de Enlace Administrativo de Cultura y Educación, por agresiones verbales contra madres de familia que acuden a los CENDIS. También pidieron la salida de la subdirectora de Educación, maestra Oliva, por presunto abuso de autoridad. La consecuencia fue inmediata: con el respaldo de padres y empleados, se suspendieron actividades en 18 centros que atienden a unos 800 niños. Una crisis educativa y laboral que pudo evitarse si existiera mayor sensibilidad política.
Y en este escenario, resulta inevitable recordar la frase de la diputada Elizabeth Mateos: “En la Ciudad de México no se negocia con la violencia, no se tolera a los agresores y no se deja a las víctimas a su suerte”. La legisladora presentó una iniciativa para que el agresor, y no la víctima, sea quien pague los gastos judiciales. Una propuesta que parece obvia en justicia, pero que la antigua Suprema Corte había interpretado de forma contraria.
Así, mientras en el Congreso se discute cómo respaldar a las mujeres víctimas de violencia y fortalecer la reparación del daño, en Cuauhtémoc trabajadores y madres de familia se sienten desprotegidos frente a la indiferencia institucional. La pregunta es obligada: ¿qué mensaje se envía cuando la autoridad se niega a escuchar? Gobernar no es administrar silencios, sino atender reclamos antes de que se conviertan en conflictos mayores.
