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Por Ricardo Sevilla
La presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto el dedo en la llaga de un proceso judicial que ha sido tildado de farsa: la imposición de María José Ocampo Vázquez, la hija de la fallida excandidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, como la nueva presidenta del Poder Judicial de Aguascalientes.
A pesar de que otro candidato obtuvo más votos en la contienda interna, Ocampo Vázquez fue colocada en el cargo, desatando una auténtica catarata de críticas.
Y es que esta acción panista no es más que la prueba irrefutable de que la cúpula de ese partido político ha logrado lo que tanto criticaban: capturar y doblegar las instituciones de justicia para ponerlas a su servicio.
La designación de la hija de Vázquez Mota revela (como si no hubiera quedado claro ya) cómo las élites políticas utilizan sus redes familiares y de militancia para perpetuarse en el poder, pasándose por el arco del triunfo la democracia.
A los panistas, seguro, les importa un comino, pero la Constitución local se ha convertido en letra muerta, y ha sido sacrificada en el altar de la lealtad partidista.
Pero no solo eso. Con esa captura del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Aguascalientes, la poca credibilidad en el Poder Judicial local se ha hundido.
Tristemente, la aparente elección fue solo un teatro montado para legitimar una decisión que ya se había tomado. El Tribunal de Justicia de Aguascalientes ha dejado de ser un órgano imparcial (si alguna vez lo fue) para convertirse en una oficina del PAN.
Ahora bien, las implicaciones de esta trastada son aterradoras para el Estado de derecho: porque la justicia, al menos en Aguascalientes, ya no es un derecho universal, sino un favor que se otorga solo a los elegidos, a aquellos con los lazos familiares o las afiliaciones políticas correctas.
La sociedad de Aguascalientes se verá obligada a aceptar una “justicia” que no emanará del pueblo, sino de las decisiones cupulares de un solo partido político.
Y esa locura alguien tiene que pararla.
