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Estudiantes se manifestaron ante desaparición de escuelas normales; recibieron agresiones y amenazas de fuerzas de seguridad a pesar de que el gobierno estatal recibió una advertencia de la CNDH por actos represivos
Por Omar Montalvo
Grupo Cantón
Ciudad de México. – La detención de 146 normalistas de Puebla y Ayotzinapa encendió las alarmas de la Confederación de Estudiantes México y de distintas organizaciones estudiantiles. Acusaron al gobierno de Alejandro Armenta en Puebla de violar derechos humanos, ya que las fuerzas de seguridad usaron violencia y amenazas, semanas antes de conmemorar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Estudiantes de la escuela Normal Rural Carmen Serdán de Teteles iniciaron una manifestación con bloqueos viales en la que se oponían a la desaparición del plantel como parte del plan de eliminación del sistema de educación rural. Ante la falta de diálogo, fueron desplegados policías estatales y elementos de la Guardia Nacional (GN) que detuvieron entre golpes y amenazas 105 estudiantes rurales de Teteles, 35 de Ayotzinapa, cinco choferes y un asesor jurídico.

Los normalistas estuvieron aislados por más de 400 elementos policiacos y fueron liberados en la madrugada del 3 de septiembre, pero ante el uso excesivo de la fuerza dieron a conocer que la detención y la represión representó violaciones graves a los derechos humanos. De acuerdo con las organizaciones estudiantiles, el gobierno de Puebla busca instalar planteles de las Universidades del Bienestar y Universidad de la
Salud en las normales.
En tanto el gobernador Armenta Mier, responsabilizó de la protesta a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre de estar detrás de la manifestación, a pesar de que la organización denunció una ola represiva al comercio informal en los últimos meses.
La represión de los normalistas fue un tema que llegó al Congreso de Puebla, dónde los diputados del PT, aliados de Morena, llamaron a no criminalizar las manifestaciones sociales.
Estos incidentes ocurren a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ante las políticas de censura y reportes de represión, llamó al gobierno de Alejandro Armenta, a respetar el artículo 480 del Código Penal estatal sobre la libertad de expresión.
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