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A nivel nacional, el Conapred documenta que más de 12 mil adultos mayores han sido despojados de sus viviendas en los últimos 5 años
Redacción
Grupo Cantón
Ciudad de México.- El puerto de Mazatlán enfrenta una preocupante ola de despojos domiciliarios que golpea sobre todo a adultos mayores, víctimas de fraudes inmobiliarios, invasiones y compraventas simuladas que los dejan sin hogar.
La Fiscalía General del Estado, encabezada por Claudia Zulema Sánchez Kondo, ha recibido múltiples denuncias en colonias como El Toreo, Infonavit Playas y Punta Cerritos, donde se han detectado irregularidades en escrituras, falsificación de documentos y complicidad notarial.
El gobernador Rubén Rocha reconoció que existen “estructuras que operan desde dentro de las instituciones para facilitar estos despojos”, y aseguró que se investigará a funcionarios del Instituto Catastral y notarías locales presuntamente involucrados.
El problema se extiende a nivel nacional. El Conapred documenta que más de 12 mil adultos mayores han sido despojados de sus viviendas en los últimos cinco años, principalmente mediante engaños legales, presiones familiares y omisiones judiciales.
En Mazatlán, personas mayores de 70 años han denunciado que sus propiedades fueron transferidas sin su consentimiento, enfrentando procesos judiciales lentos y costosos, que en muchos casos se prolongan hasta la muerte de los legítimos dueños.
La Fiscalía estatal ha prometido reforzar las unidades de atención a víctimas vulnerables, aunque organizaciones civiles demandan medidas inmediatas: protección legal gratuita, auditorías catastrales y sanciones ejemplares contra notarios y servidores públicos.
Un caso reciente exhibe la impunidad: en Facebook Marketplace, un usuario identificado como Rodrigo Alcaraz ofrecía en venta una casa que había sido despojada a un matrimonio de adultos mayores. El inmueble, de 9×15 metros, sigue en litigio; aun así, los supuestos propietarios intentaron comercializarlo pese a los citatorios judiciales.
Este medio contactó al vendedor, quien aseguró: “Todo se hace con notario, tenemos escrituras”, aunque admitió no ser el dueño y evitó precisar con qué notaría se realizaría la operación. El episodio refleja el modus operandi de redes que, aprovechando vacíos legales, venden casas en disputa y convierten el hogar de los más vulnerables en un botín inmobiliario.
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