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Por Juan R. Hernández
En el Congreso capitalino, la diputada Rebeca Peralta León, del PVEM, defendió con entusiasmo la reforma para regular la micromovilidad. Argumentó que con este cambio se busca fomentar medios de transporte limpios, priorizar al peatón y avanzar hacia una ciudad más verde. La propuesta, que incluye bicicletas, patinetas y motonetas eléctricas, pretende encauzar la innovación tecnológica al servicio del bien común, reduciendo emisiones y riesgos en las vialidades. “Una Ciudad de México más segura, sustentable y ordenada es posible”, aseguró.
El discurso suena impecable, pero contrasta con la realidad que viven otros sectores de la población que también dependen de la movilidad, aunque no tan futurista ni eléctrica: los vendedores ambulantes. El grupo “Chambeando ando”, integrado por más de 200 comerciantes —en su mayoría mujeres indígenas y personas de la tercera edad— denuncia que, tras promesas de campaña, hoy enfrenta el olvido. Ofrecen dulces, juguetes y aguas frescas a los visitantes de un templo religioso, pero sin permiso para vender, ni siquiera caminando entre la gente.
Su líder, Jacqueline Romero González, acusa que funcionarios como el director de vía pública de una alcaldía del note de la CDMX, les piden “derecho de piso”. Y que Morena, después de pedirles el voto, ahora se desentiende.
Aquí está la contradicción: se legisla para impulsar la movilidad eléctrica y se habla de ciudades “de cara al futuro”, mientras se margina a quienes apenas sobreviven vendiendo en la calle. Una ciudad verdaderamente sustentable también debe garantizar espacios dignos para su gente, no solo para las patinetas. Porque la movilidad, al final, no es solo un asunto de vehículos… sino de vidas que se mueven para sobrevivir.
