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La instancia municipal contrató al abogado Alfonso Bravo Álvarez Malo, ligado con el partido de la edil, para servicios jurídicos pese a tener área legal propia
Por Daniel Escobar
GRUPO CANTÓN
A pesar de contar con un área jurídica encargada de llevar a cabo esta labor, el Sistema Municipal DIF de Huixquilucan, benefició con más de un millón de pesos mientras el municipio ya era gobernado por Romina Contreras, al panista Alfonso Bravo Álvarez Malo, para que este último se encargara de los litigios que involucraron a la dependencia.
El 13 de enero de 2022, mientras Sheyla Lizanea Giles Soriano era directora General del DIF Municipal de Huixquilucan, esta dependencia contrató por hasta un millón 152 mil a Alfonso Bravo, para que este abogado que milita en el PAN desde 1998, se encargara de los litigios mencionados, según declaró el propio organismo en la Plataforma Nacional de Trasparencia.
Es de señalar que el contrato que fue identificado con el número SMDIFH/DA/CAS/DCN/IR/010/2022, estipuló que Álvarez Malo recibiría por sus servicios entre 720 mil y un millón 152 mil pesos, según los litigios trabajados en el año.
Este contrato fue adjudicado a pesar de que el Sistema Municipal DIF de Huixquilucan, cuenta con una Dirección Jurídica que tiene como parte de sus atribuciones, “llevar a cabo la representación jurídica ante Autoridades Judiciales, Administrativas, Penales, Laborales y de cualquier otra índole o naturaleza u Órgano Estatal, así como frente a terceros”, y en ese momento el área era encabezada por Miguel Elías Rivas Mora, quien percibía un sueldo neto de 51 mil 126 pesos.
Diario Basta informó que el gobierno de Romina Contreras en Huixquilucan, contrató para su administración centralizada en junio de 2023, al mismo abogado panista, y por un monto y objeto similares al caso del DIF Municipal, a pesar de que en esa parte de su gabinete también cuenta con una Dirección Jurídica.
Hace dos años Alfonso Bravo trascendió mediáticamente, por ser uno de los abogados que estuvo detrás de la promoción de amparos, para frenar la distribución de libros de texto gratuito de la SEP.
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